Horas antes, Montecon había respondido públicamente al ministro Heber por sus dichos en el Parlamento.
Continúa el enfrentamiento entre las empresas Katoen Natie y Montecon tras la extensión por 50 años del contrato entre el gobierno y la multinacional belga para el manejo de Terminal Cuenca del Plata (TCP).
Ambos operadores portuarios emitieron comunicados de prensa este martes y, en el suyo, Katoen Natie acusó a su competidora de “tergiversar” la información y de haber cometido "irregularidades que deberían ser investigadas a fondo”.
Horas antes Montecon había respondido en un documento al ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, quien en el Parlamento había dicho que Montecon se encontraba en "una situación ilegal", ya que no tenía concesión y actuaba con "permisos precarios" en los muelles públicos, compitiendo "deslealmente" con la TCP.
Montecon señaló que el ministro había cuestionado "sin fundamento la legitimidad" de sus actividades, mientras que validaba decretos "ilegales" para "consagrar un monopolio de los servicios portuarios". La empresa también apuntó contra una “grave e ilegítima intervención del gobierno en el mercado" y advirtió que habrá un "privilegio en favor de un competidor, priorizando a un privado y perjudicando a otros".
Katoen Natie contraatacó horas después. En un comunicado, aseguró que Montecon había tergiversado la información y cometido "irregularidades que deberían ser investigadas a fondo”.
Alineada a los dichos de Heber, la empresa aseguró que “desde hace más de 12 años Montecon utiliza los espacios portuarios sin haber participado de ningún proceso competitivo y cuando se presentó a una licitación en 2008 fue descalificada”, pero que “de igual forma continuó usufructuando hasta hoy espacios en un régimen ilegal que para Katoen Natie nunca debió existir”.
Además, Katoen Natie sostuvo que Montecon “debería responder por qué inexplicablemente desde la licitación del año 2008 en la que fue descalificada por la grave irregularidad de presentar dos ofertas, la ANP desistió de realizar nuevos llamados, utilizó un decreto que nada tiene que ver con el uso de espacios para contenedores y la empresa descalificada a la postre fue la única beneficiada al continuar usufructuando hasta hoy espacios en un régimen ilegal que nunca debió existir".
