"Hay normas y hay que cumplirlas. Hay un compromiso de la coalición de Gobierno de que la agenda de derechos no se va a tocar", apuntó Federico Graña.
Las primeras reparaciones económicas de la Ley Trans: abordamos el tema junto a Federico Graña, director nacional de Promoción Sociocultural del Mides.
La ley establece que se deben conseguir pruebas fehacientes sobre la existencia de violencia institucional, y eso es difícil, sobre todo porque muchos de esos casos ocurrieron en dictadura, y porque el concepto es muy amplio.
El primer nivel de pruebas fehacientes fuero los fichajes policiales. En Uruguay nunca estuvo penalizada la homosexualidad, pero muchas mujeres trans eran fichadas por pederastas pasivos. Se las fichó por algo que no existía. Y además se asociaba la homosexualidad a la pedofilia. Ahí tenemos dos abusos muy claros.
En los interrogatorios que se hacían había un abuso y un desconocimiento de la identidad de género.
Las primeras personas están alrededor de los cincuenta años, tenemos un solo caso de setenta y pico.
Ya estamos analizando las entrevistas y testimonios. Todas las personas se presentaron voluntariamente. Hay relatos muy fuertes.
Teniendo en cuenta los datos que teníamos del censo, no creo que se vaya a presentar más gente. Podemos tener algunos casos de personas trans que hoy están fuera del país que podrían ampararse en esto en caso de que vuelvan al país.
Este dinero sale del presupuesto del Mides. Por ahora se están otorgando 33 pensiones de unos 12.500 pesos.
La sociedad tendría que entender el por qué de esto. Las personas trans todavía tienen miedo.
Hay normas y hay que cumplirlas. Hay un compromiso de la coalición de Gobierno de que la agenda de derechos no se va a tocar.
He tenido contactos con Pablo Bartol y el diálogo es muy transparente y frontal. No he sentido que esto vaya a ir para atrás.