El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se reunió este lunes con la diputada del Frente Amplio Cristina Lustenberg para analizar el proyecto de ley que busca dar garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia. "Fue una muy buena reunión, de escucha y de diálogo", recalcó la diputada del Frente Amplio. Sobre el proyecto de ley, Lustemberg expresó que "esto es una oportunidad para que nos pongamos de acuerdo con quienes tienen la responsabilidad de gobernar para mejorar la gestión de todas las prestaciones que hoy tiene el Estado dispersas que impacta en niños, niñas y adolescentes".
Reunión con Álvaro Delgado
Fue una muy buena reunión, de escucha y de diálogo. Entender la prioridad que tiene para el país, las políticas públicas que impacten en hogares donde haya niños, niñas y adolescentes.
Proyecto que busca dar garantías a niños y adolescentes
Incorporamos infancia y adolescencia. Lo volvimos a rever con muchísimas observaciones. Muchas delegaciones fueron a opinar sobre el tema. Retomamos muchas cosas.
Mecanismos presupuestal de cómo impactan los mecanismos que hoy tenemos en el Estado. Hoy tenemos un Estado fragmentado, que a veces llega tarde, el Uruguay del gasto público social invierte mucho menos de lo que invierte en adultos y con la dimensión que esto tiene.
El presidente del INAU, Pablo Abdala, está de acuerdo con el proyecto, es necesario legislar este tema con una ley que lo que mejora es la gestión y la eficiencia sectoriales.
No nos puede pasar de que la pobreza está concentrada en los niños, niñas y adolescentes. No nos puede pasar que el Uruguay invierta el porcentaje del PBI en salud, de los más altos en América Latina y hoy no podamos dar respuesta cuando el sistema educativo detecta niños y niñas que tienen alguna alteración del desarrollo, y no le podamos dar respuesta por parte del sistema de salud, algunas prestaciones van por parte del BPS, otras están limitadas a los recursos económicos que tienen las familias. Esta ley sería muy importante. Si hay algo de lo que estoy convencida y realmente el Uruguay tendrá cualitativo.
Estoy instando a todos los integrantes del sistema político de que esto es una oportunidad para que nos pongamos de acuerdo con quienes tienen la responsabilidad de gobernar para mejorar la gestión de todas las prestaciones que hoy tiene el Estado dispersas que impacta en niños, niñas y adolescentes.
No crea una institucionalidad nueva. En este caso lo que ordena es lo que hay. Un gabinete donde lo coordina el/la ministro/a del Ministerio de Desarrollo Social, está la presidencia de la República, está INAU, está el Ministerio de Salud Pública, está Vivienda, está la ANEP, el BPS, y tiene una cosa innovadora que involucra a la unidad de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas con el INAU que tiene el rol como organismo rector, y después otra instancia en donde se define los sectoriales.
El otro día tuve contacto con una situación en donde un niño de 8 años tuvo un intento de autoeliminación. No puede ser que el prestador de salud demore entre 6 y 8 meses para darle una respuesta de salud mental y luego de la atención prolongada.
Hay que cambiar la lógica de cómo funciona el Estado. La etapa de la infancia y de la adolescencia es crucial en el desarrollo del individuo. En la primera infancia, desde el embarazo y los primeros años de vida crece y se desarrolla el 80% del cerebro. Las habilidades socioemocionales, cómo nos vamos a relacionar con los demás, el lenguaje, las matemáticas, las habilidades más duras tienen que ver las posibilidades que tuvo ese niño en la estimulación en qué esa familia haya tenido acceso a posibilidades económicas, a una salud mental estable y a vivienda.
Hoy en Uruguay tenemos casi 180 mil niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza. De los 240 mil niños que tienen menos de 5 años, 50 mil están por debajo de la niña de la pobreza.
En educación inicial y primera infancia, invertimos el 0,5%, los países nórdicos invierten el 2%. Hoy Uruguay tiene un desafío mayor, no solo de invertir más, tenemos que ver los recursos que cada uno de los ciudadanos dispone, los gastos públicos que el gobierno dispone en la Rendición de cuentas y cómo lo invertimos. Después de la pandemia, está demostrado de que los más afectados han sido los niños y adolescentes.
Quienes están ahora en el gobierno, y vean que la gestión no es tan fácil, tengamos la responsabilidad política de la ciudadanía en que donde nace un niño no están dadas las condiciones para desarrollarse.
Entendemos que Uruguay tiene que ir hacia una reforma de seguridad social.
Uruguay invierte muy poco en transferencias monetarias para niños, niñas y adolescentes.
Uruguay debe repensar todo. Hay que estudiar otros mecanismos. Hay qué ver que está haciendo el mundo y no nos podemos estancar. Estamos perjudicando a los hogares donde los niños tienen mayores responsabilidades y el Estado no se está haciendo cargo. El Estado tiene que ser garante del derecho y una corresponsabilidad entre las familias y el Estado.
Invertimos poco y mal. Uruguay está preocupado por la trayectoria educativa, de que tenemos un déficit en la educación media, pero no pensamos cuánto tiene que ver las posibilidades que tuvo ese niño en esa etapa inicial, en el acompañamiento en la infancia, las posibilidades que tiene la familia. Uruguay tiene cifras que son muy preocupantes. Tenemos 7035 niños, niñas y adolescentes detectados por el SIPIAV sobre casos de abusos de explotación sexual y no llegamos al 10% del abordaje que requieren por equipos interdisciplinarios de esos 7035 niños que ya son detectados con maltratos y abusos. Tenemos que redestinar más recursos.
Si no vemos cuánto invertimos, cómo invertimos en los niños, niñas y adolescentes no vamos a tener un país de igualdad social, vamos a tener problemas de seguridad. ¿Por qué no podemos votar una ley que favorezca a los hogares de niños, niñas y adolescentes?
Uruguay vaya ordenando de lo que invierte y cómo invierte en un Estado fragmentado y donde no hay una mirada de globalidad en los hogares de niños, niñas y adolescentes. No pueden seguir esperando muchos años más. La vida de un niño no puede esperar 5 o 6 años de que el Estado se ponga de acuerdo.
