El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) prohibió a la organización Nada Crece a la Sombra el ingreso a las cárceles hasta que tenga un convenio o acuerdo firmado con el Ministerio del Interior, según dio a conocer la ONG en un comunicado. La organización señaló que con esta decisión se están "omitiendo y violando dos convenios vigentes" y que “coartan procesos educativos, de salud y de rehabilitación”.
Prohibición a Nada Crece a la Sombra a ingresar a las cárceles
El feriado 25 de agosto estábamos como todos los días organizando el ingreso a las cárceles y coordinando con el director del Comcar nos enteramos que teníamos prohibido el ingreso y que nos habían notificado. Nos decían que nos habían notificado por correo electrónico, no teníamos nada en el correo electrónico, después de estar toda la tarde pidiendo que nos notificaran nos reenvían un correo electrónico que había sido enviado a denisse.legrand.minterior.gub.uy, por supuesto que yo no soy funcionaria del Ministerio del Interior y por ende no tengo un correo institucional del ministerio por lo cual la notificación fue enviada errada. Recibimos la notificación en la que se plantea que las organizaciones que no poseen convenios se les prohíben ingresos a las cárceles, lo que desconocen es que tenemos dos convenios vigentes con el Ministerio del Interior y de hecho ya la vocería del Ministerio del Interior cambiaron la versión y plantearon que lo que se está haciendo es revisando los convenios. En menos de 24 horas de haber hecho pública la situación se cambió la versión del porqué de la prohibición del ingreso.
Santiago González en conferencia de prensa planteó que estaba evaluando los convenios existentes, no es lo que dice la notificación, la notificación dice claramente que las organizaciones que no poseen convenios no pueden ingresar y por eso se prohíbe el ingreso de Nada Crece a la Sombra firmada por Luis Mendoza.
Convenios
Tenemos dos convenios vigentes, uno es con presidencia de la República y el ministerio del interior para el cual se estableció un pago de 5 millones de pesos. Inicialmente hubo un primer giro el 18 de octubre de 2019 en el que se pagaron 600 mil pesos. Ya con este gobierno hubo un segundo giro el 6 de marzo de 2020 por el cuál se pagaron 780 mil pesos y finalmente 13 meses después de atraso el 23 de abril de 2021 se nos pagaron el restante del convenio que son 3 millones 620 mil pesos, justamente el objeto de este convenio es hacer talleres en cárceles. Esos 3 millones 620 mil pesos como había obligaciones del Ministerio del Interior que estaban siendo incumplidas nosotros no tocamos nada de esa plata, no gastamos nada y estábamos esperando la regularización para su correcta ejecución. A su vez, tenemos el convenio de Plan de Salud Sexual y Reproductiva que también es apoyado por el Ministerio de Salud Pública, ASSE, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y el Sindicato Médico del Uruguay, que establece la atención ginecológica e integral a todas las mujeres privadas de libertad. Se asistió al 70 % de las mujeres priviadas de libertad que es básicamente Montevideo, Paysandú y Salto, y a partir de la pandemia en diciembre hubo una suspensión preventiva por razones obvias y resta cubrir 11 cárceles del interior del país. Desde abril estamos solicitando el nuevo cronograma para poder ir a las 11 cárceles que restan cubrir donde están el 30 % de las mujeres y no recibimos respuesta.
Nosotros durante todo el tiempo trabajamos, durante todo el tiempo hicimos los talleres y lo que no hicimos fue cobrar, que es diferente. Es diferente que se diga que nosotros cobramos sin trabajar a lo que pasó que fue que trabajamos sin cobrar. Los informes fueron remitidos al Ministerio del Interior de forma oficial y la prueba que se presentó en esa investigación fue un planillado de un mes del cuaderno del Comcar donde hay nombres de pila, entradas y no salidas, no se registró la otra cárcel donde trabajábamos todos los días que es la cárcel de mujeres, entonces efectivamente hubo alguna autoridad que nosotros cobramos y no trabajamos, yo no vi ninguna, porque ninguno se animó, porque decir eso no sería solo mentir sino que sería demostrar que no tienen presencia en territorio, que es donde nosotros estamos todos los días.
El informe periodístico del cual nosotros teníamos conocimiento desde hace ya muchos meses de que iba a salir, lo que sabíamos que querían buscar los ingresos del Comcar, ingresos de un cuaderno, a partir de que se dijo que ese informe se iba hacer, empezamos hacer los registros porque la cárcel ni siquiera pedía los registros y nunca se llevaron adelante los controles reales y nunca se aportó la información real que fueron los informes de evaluación. Para empezar se olvidaron de una cárcel, que es la cárcel de mujeres, nosotros todos los días trabajábamos en la cárcel de mujeres y en el Comcar. Se presentó un planillado de un cuaderno de registro que se firma a mano a veces si a veces no, si esa es la fidelidad en la cual nos vamos a basar para analizar una política pública, a mí me preocupa mucho. Falta de control de las autoridades. Nosotros presentamos informes de evaluación, presentamos las bitácoras, formalmente y metodológicamente aprobado nuestro trabajo que es lo que hacemos que es un trabajo profesional y además, lo puede hacer las autoridades a través de entrevistas de los directores de las cárceles quienes son los que controlan nuestro trabajo de las personas con las cuales trabajamos. Acá lo que se quiso hacer fue invertir la carga de la responsabilidad, se está queriendo responsabilizar a la organización que llevó adelante su trabajo de que el Estado no tiene controles. Los responsables de que no haya controles, los responsables de que no se sepa qué entra y qué sale o quién entra y quién sale del Comcar, quien está en agenda y va ser interpelado el ministro. ¿Es una organización social o es el Estado quien debe controlar? Acá se invirtió la responsabilidad de la carga.
Cobro
No nos pagaron durante 13 meses. Nosotros no tocamos el dinero aún primero porque el convenio establece que la obligación es presidencia paga, el Ministerio del Interior define las cárceles y garantiza el ingreso lo que no están haciendo y supervisa. Tenemos registros del contacto con las autoridades desde el inicio de la gestión solicitando la regularización de ese convenio para que exista la supervisión y para exista la definición de las cárceles y el permiso de ingreso. Nosotros propusimos trabajar en Comcar, en la cárcel de mujeres, en la cárcel de mujeres con hijos y en la cárcel de Canelones. Solo no nos pudieron sacar de Comcar que era donde trabajábamos, después en la cárcel de mujeres desde las autoridades dentro de la cárcel se amenazó a las mujeres que trabajaban con Nada Crece a la Sombra que perdían las comisiones laborales y educativas si participaban de nuestra propuesta. Se presentó la situación formalmente a Luis Mendoza y él dijo que de ninguna manera podía pasar eso y que él mismo se iba hacer cargo de esta situación, yo sigo esperando que Luis Mendoza se haga cargo de esta situación. Durante todo 2020 las mujeres que trabajaron con nosotros en la cárcel de mujeres manifestaron haber sido amenazadas. A su vez, presentamos un proyecto junto a la Licenciatura de Psicomotricidad de la Universidad de la República, justamente el programa de presidencia es para abordar el uso problemático de drogas y todo lo que tiene que ver con la política de drogas dentro de las cárceles. Tres de cada cuatro mujeres con hijos de la Unidad nº9 están presas por delitos de drogas. Presentamos un proyecto específico con la Licenciatura Psicomotricidad que cuenta con el apoyo de Unicef, ONU Mujeres y el programa de Naciones Unidas para ejecutar en el marco de este convenio por ende el dinero ya estaría destinado tampoco se aprobó. No nos permitieron trabajar. Presentamos una propuesta en la cárcel de Canelones también en coordinación con la Intendencia de Canelones para llevar adelante una construcción laboral como se hizo en el Comcar con la Intendencia de Montevideo, no se permitió. Y nosotros durante todo este tiempo lo que hicimos fue mantener nuestro trabajo en el Comcar yendo todas las veces que el gobierno nos permitió que básicamente fue cuando la pandemia lo permitió e incluso durante la pandemia nos solicitaron que fuéramos cuando estaban prohibidas las actividades educativas, llevamos más adelante nuestro trabajo y de repente se presenta un planillado parcial del cual nosotros conocemos perfectamente su existencia , a mí me gustaría que lo controles del Estado sean mucho más rigurosos, que los controles del Estado sepan quién entra, a qué entra, qué es lo que hace y más todavía cuando hay fondos públicos involucrados. Resolvimos no gastar la plata justamente porque nosotros podíamos cuando cobramos que fue lo que nos planteó presidencia de la República cobrar los 13 meses de sueldos, porque nos pagaron 13 meses tarde. No sé si se entiende lo que es estar 13 meses trabajando sin cobrar el salario es algo que sobre la familia recae bastante.
Dentro de la organización nosotros decidimos no cobrar por dos motivos: primero porque cobrar 13 meses juntos imagínense la rendición de cuentas y lo que hubiera sido públicamente si se cobra 13 meses juntos, si se está diciendo por ejemplo de que yo soy millonaria, cobré 43 mil pesos en noviembre de 2019 y 43 mil pesos en julio de 2020 y soy millonaria. Que se hubiera dicho que si nosotros hubiéramos cobrado 13 meses de salario juntos, estamos hablando del salario de un tallerista que es de 15 mil pesos nominales, qué se hubiera dicho públicamente. Primero una valoración política y pública de cómo se iba usar eso y lo otro que fue la valoración más importante para nosotros fue que estuvimos 13 meses sin cobrar y estuvimos reclamándole al gobierno el pago de eso y lo que planteamos fue que con estos 3 millones 620 mil pesos trabajamos tres años para adelante. Tenemos la estabilidad como organización para trabajar tres años para adelante. Yo si tengo que elegir lo que pasamos para atrás y cobrar para atrás 13 meses o trabajar tres años para adelante con la tranquilidad de tener nuestro salario asegurado, no lo dudo. No le vamos a cobrar porque fue una decisión política de nuestra organización no haberlo cobrado y proyectar el gasto hacia adelante. Justamente lo que nosotros queremos y lo que nosotros le pedimos al gobierno, al ministro del lnterior, lo pedimos en Prosecretaria de presidencia es de quien depende la Junta Nacional de Drogas que es justamente quien transfirió esto, que se regularice esta situación y que se proyecte este gasto para adelante. Es bastante diferente a lo que se está diciendo, a los delitos que se nos acusaron, a todo lo que se planteó hasta un enriquecimiento indebido, una malversación de fondos, un montón de delitos que ofenden bastante y que estamos hablando de una organización que trabaja donde poca gente quiere trabajar. Ahora está un poquito más de moda la cárcel, pero invito a cualquiera a ir al módulo 3 y a contarme el lujo que es esa oficina para trabajar.
Cuando recibimos el dinero consultamos a los contadores de presidencia que nos dijesen cómo ejecutar ese dinero, considerando la deuda. Recibimos información que no era muy entendible, esto computar la deuda toda junta en un pago. Computar toda la deuda en un pago se está diciendo que somos millonarios cuando hay gente que se ve en los recibos de sueldo que se publicaron de que había gente que cobró 2 mil pesos o 6 mil pesos y con esos se dijo que éramos millonarios. El costo político y público de una ejecución para atrás todo junto para nosotros era muy alto. Nosotros políticamente preferimos renunciar a ese cobro y proyectar de nuevo tres años para adelante porque para nosotros la estabilidad es todo y poder tener la tranquilidad de decir en esta cárcel vamos a estar trabajando tres años con estas condiciones, con estas personas y con estas seguridades y garantías. Parte de lo que nosotros queremos es salir de la precariedad laboral. Nosotros no somos voluntarios, nunca dijimos que era voluntarios, no somos fanáticos del voluntariado en las cárceles ni en el voluntariado de nada a favor de las poblaciones más problemáticas del país y más complejas. Pero, hay un juego de querer creer que lo mejor para la política de la pobreza es el voluntariado y no lo es.
Lo decisión de no cobrar no es altruista ni para limpiar la imagen porque fue una decisión que teníamos tomada antes de que esto sucediera. Era una decisión que tomamos entre todos los integrantes de la organización y fue trabajo no pago. Nosotros preferimos pensar que es trabaja no pago que pensar que es un voluntariado porque son cosas bien diferentes. El voluntariado es una política y es entender que las poblaciones más vulneradas tienen que ser abordadas desde la buena voluntad de las personas y nosotros nos formamos para esto, nos capacitamos para esto y muchos de nosotros dedicamos parte de nuestra carrera profesional a trabajar con esas poblaciones. Por supuesto, el derecho al trabajo merece una remuneración a cambio y en ese sentido preferimos proyectar tres años para adelante. Si hacen el cálculo de lo que son 3 millones 620 mil pesos tres años para adelante estamos hablando de un costo de 100 mil pesos por mes, entre salarios, materiales y combustible porque hay que llegar a las cárceles porque llegan muy poco transporte público por día. Eso es más o menos el costo que estimamos más otros fondos que tratamos de conseguir. Vendemos remeras, buzos, o sea, a mi me encantaría no tener que vender remeras y buzos, estoy grande, ya lo hice, ya fui joven, me parecía que todo eso era parte de una militancia divertida, ya no me divierte ni ya no me parece que la política social de este país tenga que ser abordada por una organización que tiene que vender buzos para terminar de solventarse. Ahora es lo que nos toca hacer, es lo que nos toca hacer y lo que queremos hacer por sobre todas las cosas para adelante es poder garantizar a la gente con la cual trabajamos el periodo de tiempo que vamos a trabajar y los derecho laborales que tenemos, que queremos tener porque muchos de nosotros elegimos trabajar en esto, no es que nos falta trabajo, elegimos trabajar en esto.
Evaluación del trabajo
En la cárcel que no se anotara quién ingresa y quién no, no quiere decir que no haya registro del trabajo que se hizo ni que nosotros no tengamos las metodologías sociológicas para evaluar lo que se hizo. Se está invirtiendo la carga de la responsabilidad. Me preguntas a mí por qué el ministerio no controla y no lo sé. Hay que preguntarle al Ministerio del Interior. Hubo distintos sociólogos trabajando en esto y nosotros decidimos incluirlos. Es interesante el lugar que toma Nada Crece a la Sombra. Hay más organizaciones que entran a la cárcel ¿El resto de las organizaciones que entran a la cárcel? ¿Las iglesias? La exposición de la organización fue siempre parte de la política de posicionarla en la agenda de la cárcel. Si ahora es política la decisión, creo que es una decisión arbitraria. Quiero creer que no es una decisión del Ministerio del Interior. Su forma de proceder es bastante improvisada porque a las cárceles la conocieron en marzo de este año.
Recibimos ayer una nueva comunicación formal. Ayer se nos dijo que luego de la comunicación pública se iban a derivar todos los temas al Consejo de Política Criminal. Reconocen ahí los dos convenios existentes. Y reiteran la prohibición del ingreso. Es llamativo como cose delega al Consejo de Política Penitenciaria. Los espacios de asesoramiento que creó la LUC son muy importantes. Es llamativo que plantee que este consejo es quien toma las decisiones por sobre el ministro. Nosotros quisimos hablar con él y lo derivó al consejo. El consejo lo primero que se hace público es el recorte de una política que ya fue paga por el Estado. ¿Cuál es el rol del consejo: crear una política o destruirla?
No tenemos información de las otras organizaciones que convienen con el Ministerio del Interior ni con qué convenios tienen vigentes. Tampoco sabemos de otras que se les haya prohibido el ingreso.
Más de una vez denunciamos una persecución a lo largo del tiempo de esa jerarquía de González. Ese episodio se lo planteamos a Jorge Larrañaga. El 8 de agosto él definió que esa persona no se comunicara más con nosotros. Luego del lamentable fallecimiento de Larrañaga él se comunicó con nosotros. Tuvimos una reunión con Heber y le plantemos la situación y Heber mantuvo la condición. Hemos tenido distintas situaciones. Tenemos una notificación de prohibición de ingreso a las cárceles sin sustento que desconoce dos convenios. ¿Es una persecución o no? Es una pregunta para el Ministerio del Interior. Nosotros entendemos que sí, pero no señalamos a todo el Ministerio del Interior, señalamos directamente al director de Convivencia Santiago González. Nosotros vamos a presentar un recurso administrativo jurídico de revocación de esta carta porque ni siquiera es una resolución entonces es muy difícil. Se está vulnerando también nuestro derecho al trabajo, un derecho básico consagrado en nuestra Constitución. Estamos analizando las acciones legales a nivel laboral y otro tipo de acciones.
Presentamos una serie de situaciones en la que en la reunión inicial González dijo que hoy no podía salir en medios hablando sobre cárceles. Esto fue en abril de 2020. Dijo también que nuestra organización no podía seguir comunicando las muertes en cárceles. Nos acusaba de que nosotros nos habíamos enterado de un suicidio en cárceles antes que ellos. El problema ese de ellos, no de nuestra organización. González leyó las historias clínicas de las mujeres que están privadas de libertad, algo que está prohibido. Eso generó una situación en el que él quiso ingresar al consultorio en donde se estaba atendiendo a una mujer. Quiso entrar bajo el argumento de que él era un jerarca. Lo que sucedió una semana después en el que las mujeres privadas de libertad las habían despertado con golpes en la puerta y por eso se negaron a recibir la atención psicológica ese día. Recibimos una llamada de Santiago González a los gritos diciendo que nosotros no podíamos decir qué era lo que pasaba en las cárceles. Lo llamé a Larrañaga para decirle que ese era el límite. Sin decirme el nombre, Larrañaga dijo que Santiago no se iba a comunicar conmigo.
El poder de liderazgo que tenía Larrañaga y la capacidad política era una y después hay una especie de Ministerio del Interior que está atravesando una especie de crisis. No es lo mismo imponer un ministerio que tiene gente de su confianza, a ser un ministro que tiene que cumplir con ese legado, tener un equipo y una persona que viene de otro palo y otra carrera política. Ojala las temáticas del ministerio del interior las empecemos a trabajar con seriedad.
Primero tenemos que ejecutar el convenio que era por un año. No va a ser necesario firmar otro convenio que implique otra transferencia económica. Falta que el ministerio cumpla con el convenio que tiene n vigente que definir las cárceles y permitir el ingreso.
Denuncia en TV Ciudad
Yo ya declaré. Sé que declararon otras personas. Es un tema en el que yo no vengo a hablar y también elijo dejar atrás porque tengo poca expectativa de que pase algo. Ojalá en los espacios de poder no siga habiendo gente que violenta trabajadores desde los espacios de poder.
