"La gente, sin apoyo de los partidos políticos, va a lograr detener el tren de UPM", apuntó.
Guido Manini Ríos presentó a los cinco candidatos a diputados por Montevideo de Cabildo Abierto. Entre los nombres que presentó Manini, figura el abogado constitucionalista Eduardo Lust, muy conocido por patrocinar una serie de demandas presentadas por vecinos de Montevideo contra la construcción del Ferrocarril Central.
¿Qué rol tendría como legislador? ¿Qué propuestas tiene?
Salle es mi amigo y ha tenido una gran actividad contra el tren y UPM. Analicé el contrato con UPM y a raíz de eso cobré cierta presencia pública.
Recibí invitaciones a incorporarme a determinados partidos en el marco de las internas. Pensé que al estar todos los partidos sin pronunciarse oficialmente contra el tren y contra UPM, entendí que podía contaminar los movimientos sociales que hemos armado. La gente, sin apoyo de los partidos políticos, va a lograr detener el tren de UPM.
Si la Junta Departamental vota en contra, la ley dice que hay que convocar a un referéndum local. Y ahí va a decidir la gente.
Yo no quería ingresar en política para no contaminar esta etapa. Ahora mi trabajo ya está hecho, solo queda la fundamentación jurídica que ya está hecha. Entendí que ahora sí podía ser oportuno ingresar a la política.
Hay que ajustar la administración a la Constitución uruguaya. Nos hemos apartido de la Constitución. Me han dicho que eso puedo tratar de hacerlo desde un lugar que tenga peso y llegada. De todo el abanico de partidos habilitados y entre los que recibí invitación, me pareció que Cabildo Abierto es un partido nuevo, que se nutre de gente de todos los partidos, y que desde ahí puedo trabajar.
Quiero tratar de convencer al resto de los legisladores de que hemos cambiado desde el 90 en adelante, mediante una serie de leyes, nuestra forma de gobierno. La Constitución uruguaya no prevé un gobierno presidencialista, pero hacia allí hemos ido paulatinamente. Es malo llegar a ese sistema por un camino que la Constitución no permite. Mi intención sería intentar ajustar la normativa al texto constitucional.
Si nos apartamos del Estado de derecho, vamos impidiendo que las reglas que la Constitución establece se puedan aplicar. La Presidencia de la República tiene un exceso de competencias y las ha ido incrementando desde el noventa en adelante.
