El abogado Hoenir Sarthou, integrante del movimiento, señaló que además quiere agregar la aprobación parlamentaria como condición para aprobar contratos de esta magnitud.
Varias organizaciones y legisladores se han manifestado en contra de la instalación de una nueva planta de la empresa UPM en Uruguay. La semana pasada cuatro ministros fueron interpelados en la Cámara de Diputados por el diputado Eduardo Lust con el fin de conocer nuevos detalles del proyecto. En mayo el presidente Luis Lacalle Pou anunció un memorándum de entendimiento con UPM que incluye nuevas inversiones de la empresa por 55 millones de dólares y ahorros del estado por 250 millones de dólares en comparación con lo previsto en el contrato firmado durante la administración anterior con respecto a la segunda planta de la empresa finlandesa en el país.
Cambiaron muy poco las condiciones del contrato. Tampoco está claro qué es lo que realmente modifica, qué relación hay entre la supuesta contribución de UPM y otras plantas de producción de químicos. Lo cierto es que el día que el Gobierno decía que había una rebaja, salió uno de UPM diciendo que su inversión era la misma. El Frente Amplio también hizo sus declaraciones y coinciden con las de UPM y eso en parte deslegitima lo que dice el Gobierno.
UPM no le va a pagar utilidades ni impuestos como otras empresas. El contrato es un desastre para Uruguay. Lo dice desde el presidente de la República hasta un diputado. Se le otorgaron privilegios que no habían correspondido.
El contrato dice que invertirán algo como 2.500 millones de dólares. ¿Cuánto vale el uso ilimitado del agua del río Negro? Todos los que abrimos la canilla para lavarnos las manos pagamos por eso y UPM no. ¿Cuánto vale tener el uso preferencial de una vía de ferrocarril? UPM lo tiene. No paga por que se le haga a su disposición. Los planes de enseñanza deben ser modificados de acuerdo a sus planes. ¿Quién dijo que la producción de celulosa será nuestra principal producción? Hay como una decisión de convertir la industria forestal en el eje de la vida económica del Uruguay. ¿Quién y cuándo lo decidió?
Fíjense quién financió esto. El Banco Mundial. Es un modelo que no fue discutido acá, los gobiernos sucesivos lo adaptaron. Una casta política adoptó un modelo que no refleja las necesidades de su población.
La versión oficial es que es malo, pero estamos obligados a hacerlo. La Constitución defiende los intereses de la población. Ojo con la cláusula de la pandemia, no era para cancelar el contrato sino para suspenderlo.
Tenemos una instancia muy clara que es la reforma constitucional que tiene tres contenidos importantes: uno es la nulidad del contrato, que UPM se instale en las mismas condiciones que cualquier empresa. Uruguay no puede legislar en áreas en las que está UPM porque debe garantizar estabilidad legal. El segundo es algo a futuro: que no se pueda firmar este tipo de contratos sin aprobación parlamentaria. Esto se firmó en secreto. La tercera es que, como este tipo de contratos sea firmado por ley, que sea por referéndum. Para que sea viable tenemos que bajar la cantidad mínima de firmas. La idea es llevar todo al 10 % del padrón electoral.
