Para quienes usen las redes para ridiculizar, discriminar, insultar, amenazar, chantajear o difamar, el proyecto presentado por el diputado del Partido Colorado Juan Moreno plantea que la pena se cumpla con trabajo comunitario, que iría de uno a tres meses. Para hablar sobre el tema recibimos al abogado Pablo Schiavi, quien expresó que el proyecto busca "un uso más responsable de las redes sociales, no es que no se pueda hablar, pero tenés que hacerte cargo de lo decís". "Uruguay carece de una agenda de derechos digitales", indicó Schiavi.
El proyecto de ley busca que la violencia en redes sociales se incorpore al Código Penal, mediante la Ley de Faltas, y se pueda castigar a quienes la ejerzan.
Proyecto para castigar la violencia en redes sociales
El primer lugar sería señalar un proyecto más de los varios que hubo. Lo positivo del proyecto es que el tema vuelve a estar en la mesa. Buscar construcciones más integrales que no solo se emiten a penalizar, sino que buscar la educación y formación del uso de las redes sociales. Ir directamente generar un tema de ley de faltas, a ver cómo se persigue y cómo se aplica eso.
Tenemos una desactualización sobre el tema. Se intenta proteger la dignidad y honor de la persona ante el uso de las redes sociales. Está claro que algo hay que hacer. Ahondarlo en una agenda más grande sobre derechos digitales. Los chicos a nivel escolar y liceo, luego tratar marcar pautas que deben ser bastantes flexibles ya que recordemos que las propias redes tienen sus propias pautas.
Las redes buscan autorregularse. Hemos tenido episodios pragmáticos como el de Donald Trump. Cuando esto trasciende y hay agresiones públicos a periodistas, políticos y ciudadanos públicos. Ese es el problema. La gran discusión de hoy es que los operadores de derecho que están a nivel de Justicia, como fiscalía ellos tienen que aplicar el derecho y cómo hoy le pongo un agravante a una persona que dijo algo en una red, si yo no lo tengo regulado en el código.
El problema es que la amplificación de contenidos no están como un agravante. El problema también es cómo cuantificas el daño. Cómo lo resarcís, no solo en lo penal sino que también está la vía civil.
El punto de partido de todo esto, la penalización directa tiende a ignorar el contexto. Hay delitos regulados, pero no están actualizados. Lo positivo de esto es que se vuelve a poner el tema arriba de la mesa.
Otro tema son los tiempos. El tweet lo haces en tres minutos, pero luego para una condena esperas 3 años.
En primer lugar esto necesita un abordaje integral. Uruguay carece de una agenda de derechos digitales. A nivel político, durante estos últimos tiempos fue cualquier cosa a nivel de redes.
¿Los operadores están capacitados? ¿Están preparados para poder recibir unas 100 o 150 denuncias de este tipo?
Legislando esto no creo que estemos cerciorando la libertad de expresión. Uruguay tiene varios tratados y lo primero que te dicen es que la libertad de expresión no es un bien absoluto. Lo que se busca quizás es que se busca un uso más responsable, no es que no se pueda hablar, pero tenés que hacerte cargo de lo decís.
Autorregulación de las redes
Ha avanzado mucho. Por ejemplo Twitter, la misma plataforma dispone distintas alternativas, si las probas adentro de la red, la red actúa. La red demuestra que no necesita la justicia de un país para demostrarlo.
La regulación local es bastante compleja. Las redes ignoran las legislaciones locales.
Hemos vistos en los últimos tiempos campañas de atacar cuenta de Twitter de x persona y luego se la suspenden.
Tenemos que ver como regulamos esto de una forma rápida y que tiene que ser funcional. No tener 50 artículos y utilizar uno solo.
Declaraciones de políticos
Que esté el tema en la agenda es positivo. Ver cómo vos regulas estos fenómenos. Odio, discriminación, ataques personales, gente que no pueden ver sus celulares porque ven sus nombres metidos en todos lados. Cómo ves eso, cómo lo cuantificas. Es un tema que no está regulado. El delito de Difamación e injurias están lejísimo de contemplar lo de hoy.
Un proyecto razonable con una aplicación razonable no limitaría el derecho de la libertad de expresión. El tema es no hacerlo de forma aislada. Luego es cómo la aplicas, ¿habría una fiscalía especializada en redes? También es un tema presupuestal y de personal capacitado en esto.
