El abogado y el hermano de uno de los pacientes señalaron que si se determinaba causalidad, las instituciones iban a tener que resarcir a los afectados por lo que se generaría un colapso del sistema sanitario.
En marzo de 2012 Uruguay amanecía con horror: dos enfermeros montevideanos habían confesado al menos quince asesinatos “por piedad”. Pero las pruebas no aparecieron para confirmar los homicidios y el caso se fue enfriando, hasta que en 2015 la Justicia los dejó en libertad. Ahora la fiscal Mónica Ferrero decidió finalmente no recurrir a la Suprema Corte de Justicia y ratificar la absolución de los profesionales; incluso, la defensa de uno de ellos analiza demandar al Estado.
Sin embargo, desde la defensa de los pacientes se critica esta resolución judicial. El músico Álvaro Coll, hermano de José Alberto Coll, uno de los pacientes que murieron, y el abogado Gustavo Salle manifestaron en Desayunos Informales que en el expediente del caso surgen declaraciones de que este accionar es de "larga data". A su entender, en el caso estaban afectadas la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Asociación Española, por lo que si se determinaba que había "nexos de causalidad", los responsables económicos iban a ser las instituciones, lo que generaría un colapso del sistema sanitario.
