Conversamos con el diputado por el Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, quien compartió su impresión sobre la interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, la decisión de Alfie de renunciar a la exoneración y la crítica de Cabildo Abierto a la ley de inversiones.
Interpelación a la ministra Arbeleche
Primero brevemente, tal vez las preguntas más que para mi sean para el economista Alfie. El 10 de diciembre de 2019 en un hotel de la ciudad de Montevideo, el presidente Lacalle Pou presentó su equipo administerial, ministros, subsecretarios, directores generales, secretario y pro secretario de la presidencia, director y subdirector de la OPP, es más, lo presentó hoy al embajador Enciso, o sea, los hechos se contestan por si solos. No creo mucho más que responder.
Lo que le estoy diciendo si entrar en la gestión de que si se me imaginaba o no, si ya le había comunicado al presidente Lacalle Pou o no se le había comunicado, lo que pretendió hacer el interpelante fue entrar en un manto de sospecha respecto al derecho que tenía y tiene eventualmente el señor economista Isaac Alfie.
Yo lo que me remito es hablar de los hechos y como entiendo que los hechos son lo que son no hay nada que ocultar y además todo lo que implicaba esta situación era desde el punto de vista legal totalmente razonable, si eventualmente esa pregunta, que es muy adecuada, seguramente el economista se la va responder dijo lo que dijo y lo que no dijo.
Argumentos de la exoneración
Quisiera hacer un referencia con respecto que es verdad que la sesión se extendió mucho más de lo que se esperábamos. Cada 2 horas se cortaba 40-45 minutos, convengamos que si restáramos casi las 4 o 5 horas de corte, las horas de finalización hubiese sido anterior. Es un hecho que se dijeron muchas cosas de forma reiterada. Nuestro caso nos tocó ser el primer uso de la palabra, todo lo que pudimos decir en la interpelación fue en los aspectos legales.
Lamentablemente desde su intervención inicial el interpelante dedicó a atacar al gobierno acusando de gobernar para los suyos y generarse beneficios y de ser una pieza de crimen más grande.
Lo que el gobernante tiene que ser juzgado y ejercer son con las normas jurídicas, la constitución, con la ley, con los reglamentos, con los decretos y esa tiene que ser el motivo y el objeto de todo cuestionamiento. Si luego el economista Alfie habiéndolo conversado con el presidente de la república entiende que un derecho bien habido que le corresponde como cualquier otro ciudadano que se presente y cumpla con los requisitos le podría llegar a generar este tipo de circo en su contra con el gobierno, creo que el economista Alfie más que nada fiel a su condición de buen servidor público y siempre ser parte de la solución y no otra cosa, optó por transcurrir ese camino.
Nosotros lo dijimos y la propia economista se refirió, que si el economista Alfie hubiera decidido otra cosa, hacer uso del derecho a legítimo nada habría para decirle desde el punto de vista jurídico, ético y legal. Si usamos a entrar a la discrecionalidad de que si o que si no sin cumplir con los requisitos objetivos, quien es el que determina que si y que no. Porque esa arbitrariedad puede llevar a que al día de mañana si el jerarca de turno no se lleva bien con el solicitante y tiene un tema personal, podría decir ‘bueno a esta persona no le corresponde’, obviamente no diciendo las razones, pero podríamos llegar a eso. Y eso se llama en un estado de derecho de desviación o abuso de poder.
El desarrollo de la interpelación mutó en varios momentos. Al principio y en la previa se habló de ilegalidad de eso hay que se consiente.
Seguramente la expresión del presidente Lacalle Pou fue producto, que así él lo sostuvo, de esa charla que tuvo en virtud del renunciamiento del economista Alfie al beneficio legítima y bienhabid. Probablemente l o que yo le acabo de decir, en cuanto que el economista Alfie siempre ha decidido ser parte de la solución.
Mutó desde la ilegalidad, la falta de ética y luego la falta de conveniencia. Cuando un llamado a sala ha sido por cumplir la ley, es muy difícil cuando pasadas no más de una hora, el miembro interpelante tira acusaciones tan graves para con el gobierno y para con determinados jerarcas. El Frente Amplio se vio vuelta en una aventura personal del diputado Civila que entendió que era su momento de cuestionamiento y no se dio cuenta que no hacía más que erosionar el sistema porque yo no recuerdo al diputado Civila siendo parte de un gobierno que durante 15 años estuvo a cargo el Frente Amplio y en los cinco previos él era legislador, decir que el uso de esta herramienta era anti ética o inconveniente o falta de legalidad, por el contrario, eso si es verdad y hay que ser coherente, el Partido Socialista cuando se votó la ley de inversiones no la votó en el año 98’, no la votaron en el Senado y no la votaron en Diputados, parte del Frente Amplio si, pero el Partido Socialista no la votó. Entonces ahí yo le reconozco al diputado Civila es coherente. Entonces seguramente esta crítica al mecanismo que tanto bien le ha hecho al país seguramente sea producto de esa concepción filosófica y ideológica.
Artículo 31
No es que aplique. Lo dijimos expresamente que la ética en la función pública no nació con la ley 19.823 que fue lo que inicialmente el interpelante quiso decir y después reconoció que no era así, que había normas precedentes. Hicimos referencia a la de cristal y a diferentes normas y entre otras normas que mencionamos fue el decreto 30-003, que si ustedes se ponen analizar, miran el texto del decreto y miran el de la ley pueden haber una mínima diferencia. Pero básicamente es lo mismo, entonces no es verdad que no había normas previas a la ley 19.823 que hicieran diferente a la situación, tal vez es verdad que no era ley.
Ahora donde a mi me enseñaron y enseñan en la facultad de derecho hasta incluso en el liceo, el gobernante no está solamente obligado a respetar la leyes, es más, en el Poder Ejecutivo, los decretos, son obligatorios, si eventualmente se hubiesen presentado situaciones análogas, que nosotros entendemos y siempre lo dijimos, los casos similares fue una aplicación correcta de la norma en su momento de la misma forma de lo que es ahora por lo tanto la inmoralidad radicaba en medir con diferentes varas dos hechos similares.
Crítica de Álvaro Perrone
Lo hablamos luego de su intervención con el diputado, tiene todo el derecho de hacerlo. Discutimos si esta ley o mecanismo es compartido por todo el sistema político. No tengo porque dar por bueno que todos los partidos, los senadores o diputados si comparten este mecanismo, del gobierno como de la oposición.
El Ministerio de Economía, el gobierno y las autoridades de turno lo que hacen es aplicar la ley. Si hay una empresa que se presenta ante la COMAP con un proyecto de inversión, la comisión asesora integrada por diferentes ministerios lo estudia, es más cuando están focalizados van dirigidos a la sectorial de uno o de ministerio, ese informe lo aprueba la comisión y entiende que se cumple con los requisitos, la ministra o ministro, lo que hizo y lo que hará es ratificar el informe precedente y ahí no se mira ni tamaño de la empresa, ni el sexo, ni la orientación política, ni ideológica ni religiosa de quien suscita, se mide y se mira si únicamente cumple con los requisitos. Sostener otra cosa creo que no se ajusta a la realidad, que personalmente algún o ciudadano pueda entender que el mecanismo no puede ser así, ahí estamos en otro debate. También en definitiva lo dijimos ayer, que si se entiende que hay que hacer modificaciones al sistema del mecanismo, esto es muy sencillo, se presenta un proyecto de ley, se discute en las cámaras y comisión y luego se votará. Lo que no se debería poder es cuestionar el mecanismo que cuando hace es cumplir lo que la ley establece.
