La directora ejecutiva de Amnistía Uruguay conversó sobre el aumento del embarazo infantil en nuestro país y sus causas. También comentó sobre el impacto de la LUC en los derechos humanos.
Informe
El 7 de abril se presentó el informe anual de Amnistía Internacional que recoge el estado de situación de los derechos humanos en el mundo. Es un informe que se lanza en simultáneo a nivel internacional. Este 2020 estuvo atravesado por la situación de pandemia que afecta a todos los países, pero no de la misma manera. En el proceso de recibir las vacunas e implementar los planes de vacunación dejó bastante expuesto la desigualdad entre los países y sus internas. El informe recoge este estado de situación e intenta ser una foto del 2020 e intenta ser un instrumento para quienes toman decisiones y documentar esta realidad.
En Uruguay se realiza un capítulo ampliado de nuestro país con el objetivo de poder focalizar y profundizar en algunos principales temas de agenda de la organización y nivel nacional y uno de esos temas tiene que ver con el embarazo infantil.
Cifras
Un aspecto importante es que para Uruguay y el resto de los países se realiza mediante distintos grupos de investigación especializados en derechos humanos en el que recogen cifras oficiales de aquellos países en donde los datos son confiables y que podemos acceder. En el caso de Uruguay habitual contar con datos oficiales y eso se valora muchísimo. Sin embargo, para 2020 no fue posible en el caso de los datos sobre derechos sexuales y reproductivos. Se hicieron dos pedidos de acceso a la información pública en el cuales fueron respondidos que los datos no estaban disponibles aún para el 2020. En otros años lo que sucedía que a finales de año se presentan algunos datos preliminares que se confirman alrededor de febrero y marzo, pero lamentablemente este año no contamos con estos datos y la respuesta fue que iban a estar más centrados en el 2021. De alguna manera entendimos que este año fue particular en la cartera de la salud pública, pero de todas formas señalamos esto con preocupación en tanto no se instale como un rezago en facilitar la información que no solamente es tan importante para Amnistía sino que también para la gestión de las políticas públicas.
Falta de datos
Lo que se planteó fue un cambio en la forma de registro y de cómo se procesan. Se recogen datos de distintos prestadores de salud. Lo que podemos hacer es hipótesis y es muy importante poder contar con los datos del 2020. Si uno mira temas vinculados sobre violencia de género donde datos indican que en el contexto de la pandemia el llamado a 'Quedarse en casa', estrategia de protección válida contra este virus, sucede en contexto en donde la violencia está instalada en el hogar, cuando el hogar no es un lugar seguro. Esto aplica para mujeres que sufren violencia doméstica y también para niñas y adolescentes.
Lo que nos preocupa es que el embarazo infantil es la punta del iceberg de un tema mucho más profundo. Estamos hablando de embarazos en niñas de 14 años o menos. Los datos de denuncias en situaciones de violencia hacia niños y adolescentes que el 24 % de esas denuncias son motivos por violencia sexual. Estos datos denuncian de forma muy explícita situaciones sistemáticas de vulneración a los derechos de los niños que se exponen a hechos de violencia sexual y abuso.
Uruguay
Uruguay viene con su tasa de fecundidad en descenso y en 2019 se produce este aumento en niños menores de 14 años y menos. Si uno mira los datos del sistema integral de protección a la infancia en cuanto a las denuncias vienen aumentando sistemáticamente por situaciones de violencia en niños, niñas y adolescentes y esto tiene esa proporción en relación con el embarazo infantil. Lo importante de señalar es que la mayoría de estos embarazos están expuestos a situaciones de abuso sexual infantil. Las hipótesis que podemos trazar es que puede haber una mayor visibilidad del asunto que esas denuncias puedan concretarse y por otro lado es que los esfuerzos que se han desarrollado en el Uruguay se han focalizado en la disminución del embarazo adolescente y esto es importante ya que el embarazo representa un fenómeno y que el embarazo infantil es otro fenómeno. No es lo mismo cursar un embarazo a los 10 años que a los 16.
Estamos hablando de temas distintos y que representan esfuerzos que deben hacer políticas públicas en la reparación de estas situaciones. A nivel internacional la educación sexual es una herramienta efectiva adaptada a las edades en los distintos niveles educativos y diferentes desarrollos entre niños y niñas para captar esa información.
El aumento en embarazos infantiles reportan un aspecto cultural. Cuando presentamos el informe en 2018 recibimos una experta en radicalización de violencia y que hablaba del embarazo infantil como una situación muy dolorosa al trabajar y hablar. Es un tema que está permanentemente dormido en la agenda de nuestro país. Nuestro objetivo es despertarlo con estos datos.
Vemos que casi el 70 % que son situaciones que se mantienen en el tiempo. Algunos se transforman en embarazos. Hay aspectos culturales en romantizar la maternidad y de que una niña quiera seguir con su embarazo, ya que realmente no se enseña de lo que implica físicamente como psicológicamente llevar adelante un embarazo.
LUC
Hicimos una observación durante el proceso de debate parlamentario. Lo que señalamos como organización de derechos humanos algunas preocupaciones que están señaladas en el informe que tienen que ver con los aspectos de la LUC, que tienen que ver con el accionar policial, el proceso penal y toda la gestión de la libertad, que podían implicar algunos retrocesos en materia de derechos humanos. En materia de accionar policial y aquellos artículos que expresan sobre la libertad de reunión y de manifestación de forma pacífica. Ahí lo que sucedería es que se habla del término “piquete” y que en verdad no está explicitado. Uno de los aspectos que Amnistía señala es que estaría bueno tener eso definido para que estuviera muy claro en el marco de que el accionar policial se puede desplegar. Por supuesto que la organización reconoce y valora el rol que tiene la policía en el resguardo del orden público y que es parte de nuestras políticas pero lo que si debe entenderse que esto debe hacerse en un marco que la legitimación policial en un marco accionar que pueda brindar garantía a todas las personas.
Legítima defensa
El carácter legítimo que recomienda la amnistía recomienda en ese tipo de situaciones podían llegar a presenta algunas dificultades o retrocesos en eso procesos en carácter de observación y que puede ser discutido en el parlamento. Con respecto al sistema penitenciario, Amnistía señala que tiene que ver con las fallas sistemáticas que viene representando. En términos básicos una persona que comete un delito tiene que resarcir ese delito.
Esto preocupa. En términos cuantitativos estamos aumentando la población carcelaria y sobre todo en varones. Las condiciones, en términos cualitativos, el hacinamiento dificulta la rehabilitación de la persona.
Lo que nosotros planteamos es que puede haber un planteamiento específico en cuanto a los estándares internacionales en cuanto a la nitidez y precisión de los términos que se utilizan. Nosotros señalamos es que hay que observar con mucho detalles de que estas modificaciones implican algunas alertas con algunas imprecisiones. Otro ejemplo para señalarles en relación con este corrimiento de los estándares internacionales puede tener que ver con la ley que reglamenta el artículo nº 38 de la Constitución un poco a propósito de la pandemia que afecta al derecho de reunión y en mismo sentido no está claro que representa una aglomeración y esto puede reportar alguna dificultad en cuanto a tener claridad lo que representa ese accionar policial y que la garantía sea adecuada.
