La semana pasada la Asociación de Defensores de Oficio se reunió en asamblea y se declaró en conflicto, por una serie de reclamos y reivindicaciones.
Lo principal es que aún no fueron cubiertos los 18 cargos que se asignaron en la última Rendición de Cuentas. Ligado a esto, los defensores públicos reclaman por la sobrecarga laboral y porque no son priorizados por la Suprema Corte de Justicia. "Uno de los puntos de la plataforma reivindicativa que es la gota que desbordó el vaso, si bien esta es una deuda histórica con la defensoría, que no está siendo fortalecida, al contrario, se la ha ido debilitando con un recorte de confort en cuanto a los recursos materiales y humanos", expresó la presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, Yamila Cabrera.
La Asociación de Defensores de Oficio se declaró en conflicto
Los defensores públicos atendemos los casos de las personas con derechos vulnerados y que además están de caso de exclusión social. Está previsto que así sea nuestro patrocinio. Sin embargo, entendemos que colaboramos con la armonía social y con el efectivo cumplimiento del derecho de acceso a la Justicia, se nos ve como una simple repartición administrativa que en realidad no lo es. Nuestra función es determinante en el sistema de Justicia actual.
Nuestra tarea tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, nuestros defendidos presentan determinadas desigualdades, conforme a la edad, al género, la pobreza, esos son puntos que deben de tener especial importancia porque atendemos a niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados, a mujeres víctimas de la violencia de género, los privados de libertad. Son casos puntuales que otros colegas de particular confianza de repente no lo reciben en sus estudios.
Recibimos un montón de casos complejos a diario.
Hay una clara desigualdad con jueces y fiscales. La defensa pública no tiene equipos técnicos propios como para realizar pericias. Tampoco contamos con un equipo de litigación. Nos apoyamos entre nosotros. Somos 285 en todo el país. Somos una especie de extinción. Cuando pasa determinado hecho que implica la baja de un defensor no se lo contrata, hay cargos que son vacantes, que es uno de los puntos de la plataforma fáctica que tiene el reclamo desde la asamblea.
La pericia tenemos que pedírsela al fiscal para solicitarlo al LITF y eso genera de que si la pericia no nos es favorable, el fiscal tenga acceso al resultado de esa pericia con anterioridad.
Se está vulnerado el acceso a la Justicia que es un derecho fundamental, porque de repente alguno de nosotros tiene algún pariente o vecino que tiene acceso a algún colega, desde el ejercicio particular podemos exigir alguna pericia particular, pero nuestros usuarios no tienen el acceso a ese tipo de métodos y entiendo que todos somos responsables, no solo el defensor públicos, todos nosotros somos responsables de que se garantice el acceso a la Justicia que tiene que ver con la dignidad humana.
En caso de que el fiscal lo deniegue la pericia tenemos que recurrir al juez y él podría autorizarlo.
Está previsto de que haya un defensor público cada 10 mil habitantes. En nuestro caso atendemos el 90% de los casos en materia penal, más del 90% de materia tan sensible como la violencia de género y de derechos de los niños, niñas y adolescentes que están siendo vulnerados.
Rendición de cuentas
Uno de los puntos de la plataforma reivindicativa que es la gota que desbordó el vaso, si bien esta es una deuda histórica con la defensoría, que no está siendo fortalecida, al contrario, se la ha ido debilitando con un recorte de confort en cuanto a los recursos materiales y humanos. Uno de los puntos es que la Asociación de Defensores Público del Uruguay ha ido al parlamento en reiteradas oportunidades, consigue voluntad política y en la última Rendición de cuentas del año pasado se crean 18 cargos para los cuales se destinan 19 millones 250 mil dólares para el 2023 y la misma cifra para el año que viene, eso importaría la contratación de 9 cargos este años y 9 cargos para el 2024. Tomando en cuenta los salarios de cada uno, parece que faltaron las incidencias laborales. Esos rubros que ese monto que se destinó no alcanzaría para cubrir esos 9 cargos, sí daría para cubrir 7 u 8 este año y otros 7 u 8 el año que viene.
Mantuvimos reuniones con el Poder Judicial. En ese sentido no logramos una solución. Fue así que recurrimos al parlamento. La senadora Carmen Sanguinetti nos recibe y es quien trató hacer la gestión con el Ministerio de Economía y Finanzas para la contratación de esos cargos que son imprescindibles para llevar adelante el servicio.
“Somos una especie de extinción”
La defensa pública tiene esas particularidades que quien lo ejerce para sostenerlo día a día lo tiene que hacer con verdadera vocación. Como dice Darín en la película: ‘tenemos el horroroso privilegio de estar en este sistema judicial actual’. Igualmente somos 285, pero si vemos zonas puntuales donde hay cuatro juzgados de familia que trabajan en familia materia común y especializada, y hay 3 defensores públicos. Si en una audiencia de violencia de género tiene que haber un defensor para la víctima o la denunciante mujer, otro para el menor que integre ese núcleo familiar y un defensor para el denunciado, quedarían tres juzgados que no quedarían cubiertos. Ahí hay una clara desigualdad.
“Hay una Justicia para ricos y otra para pobres”
Esa definición tiene que ver justamente con esa imposibilidad de nuestros usuarios de poder acceder a una defensoría. Sea por la distancia o el ciudadano no está empoderado de que tiene un problema y que ese problema puede ser resuelto institucionalmente en un juzgado, sea porque hay desconfianza, no porque los funcionarios sean corruptos, sino porque no llegan a la defensoría y esa es una problemática que lo vivimos todos los días.
