La Oficina de Servicio Civil dictará cursos de nivelación para aspirantes afrodescendientes, con discapacidad y trans que no alcancen requisitos para ingresar a los servicios del Estado

El objetivo es cubrir las cuotas establecidas por ley en la función pública.

Por primera vez, los organismos públicos cubrieron la cuota para personas con discapacidad y afrodescendientes en los llamados a concurso.

Pero sus resultados fueron malos y la mayoría de los aspirantes no ingresaron al Estado.

“El resultado final de las pruebas fueron absolutamente insatisfactorios. Es decir que las personas no lograron cumplir con el mínimo exigido en las pruebas respectivas”.

Esos ingresos hubiesen podido cumplir la cuota establecida por ley para funcionarios públicos con discapacidad y afrodescendientes.

Por eso, la oficina de servicio civil dispondrá cursos de capacitación.

“La escuela nacional de servicio civil va a dar un curso de nivelación para aquellos que pasen la primera fase, cosa de que puedan competir en mejores condiciones”.

La Oficina de Servicio Civil promoverá un proyecto de ley al respecto.

Los cursos estarían destinados a aspirantes con discapacidad, afrodescendientes y trans.

“Si partimos de la base que esos colectivos lo requieren, porque vienen con un hándicap en contra, nuestra responsabilidad es nivelar esas situaciones”.

Deudores reclaman al BHU y al MEF: "Las cosas cambiaron y ahora los deudores en UR nos encontramos presos de la situación"

"No son números: estamos hablando de la vivienda de familias, de gente que hace años que está pagando".

La presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Ana Salveraglio, estuvo en Desayunos Informales para hablar sobre los nuevos planes de financiación que ofrece la institución a partir de este año. En la entrevista también se refirió a los deudores en UR del BHU y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y sobre las posibles soluciones a los reclamos de este grupo.

Ahora, abordamos el tema junto a dos representantes del grupo de deudores que reclaman soluciones al Ministerio de Economía y Finanzas y al banco: Claudio Benítez y Gimena Bas.

En ese entonces, cuando la presidenta dice que se cambiaron solo 9 de las 23.000 familias, cuando la persona iba a hacer ese cambio no era que dijera que quería pasarse para UI y ta: eso tenía un costo.

Esto es más que un tema de números o bancos: es un tema social. Hay mucha gente jubilada, con muchos años, que pasa situaciones complicadas, o gente que ha perdido el trabajo. Todas esas situaciones generan un problema social que va más allá del problema bancario.

Queremos que se atienda el problema social que se generó a partir del incremento excesivo de la UR y de varios otros temas que generaron problemas a los deudores. Una solución puede pasar de UR a UI, pero queremos que se encare el tema social.

Queremos dar a conocer nuestra situación para que se empiece a hacer algo. Nos hemos reunido con legisladores de todos los partidos. Todos entienden nuestro problema y nos dan la razón. Y hemos presentado proyectos.

Al final, esto es una decisión política, más allá de los mecanismos económicos o financieros que se tomen. Instamos al Ministerio de Economía a una mesa de diálogo para poder proponer cosas y buscar una solución. Apelamos a la sensibilidad de Tabaré Vázquez para que nos pueda recibir y hablar de esto.

No son números: estamos hablando de la vivienda de familias, de gente que hace años que está pagando.

Las cosas cambiaron y ahora los deudores en UR nos encontramos presos de la situación. Para mucha gente ya no hay tiempo. Esto no puede seguirse dilatando. Esto se arregla con los proyectos que andan en la vuelta. No creemos que la vía sea una acción judicial. Apelamos al diálogo y a la sensibilidad.

Lo central es el concepto de reparar la ecuación perdida. Hicimos un contrato, con determinadas situaciones. Pero esas situaciones cambiaron. Y nadie plantea dejar de pagar. Queremos que se haga un recalculo de cuánto se ha pagado: seguramente mucha gente ya ha terminado de pagar sus casas. Hay gente que va tener que vivir hasta los 135 años para poder terminar de pagar su vivienda.