Las instituciones médicas mantuvieron la semana pasada una reunión con el Ministerio de Salud Pública para plantear una serie de problemáticas relativas al Sistema Nacional Integrado de Salud. El principal asunto fue que tras la pandemia creció la demanda de los usuarios por estudios clínicos, lo que aumenta los tiempos de espera y los costos de las mutualistas.
Para hablar al respecto, recibimos al asesor de la coordinadora de Instituciones Médicas, Daniel Porcaro.
La demanda, que ya está en curso y fue notificada a la casa de estudios, señala que toda la investigación es una “monumental ilegitimidad”.
El docente de Matemáticas grado 5 denunciado por acoso sexual a una estudiante ahora demanda a la Universidad de la República (UdelaR) por daños y perjuicios por un monto de 5 millones de pesos.
La demanda, que ya está en curso y fue notificada a la casa de estudios, señala que toda la investigación es una “monumental ilegitimidad” y adjunta informes en esa línea del catedrático en Derecho Constitucional Martín Risso y la abogada especialista en acoso sexual Marina Morelli.
El docente Martín Sambarino asegura que la investigación que se realizó “dio crédito a patrañas sin que se procediera con las mínimas garantías”.
Entre las irregularidades que se detallan figuran que no existió registro formal de las indagatorias, que se omitieron declaraciones que contradecían la tesis de quien llevaba adelante el procedimiento, que no se le dio vista ni oportunidad de contrastar la acusación al propio acusado, además de que los integrantes de la comisión nunca vieron ni escucharon las pruebas antes de expedirse, sino que lo hicieron en base a una única persona que llevó adelante la investigación, una psicóloga, cuando en realidad debería haber estado a cargo de un equipo multidisciplinario, dice la demanda.
En ese sentido, Risso apunta que la comisión a cargo de la investigación “ha violado escandalosamente los derechos del denunciado ignorando sus garantías más elementales del debido proceso, el derecho a defensa y presunción de inocencia”.
Por su parte, Morelli señala que “el asunto es gravísimo en cuanto la comisión eligió qué hacer constar y qué no hacer constar en el expediente”: “Proceder como lo hizo constituye un accionar discrecional, por completo ilegítimo y arbitrario en tanto violatorio del mandato legal”.
La UdelaR tiene 30 días para dar respuesta a las acusaciones.
"Los fabricantes de armas no viven en una burbuja. Son conscientes de que sus estrategias de marketing permiten a compradores malintencionados poner en peligro la vida de personas inocentes", declaró uno de los abogados de la querellante.
Una víctima del tiroteo registrado en el metro de Nueva York en abril pasado interpuso este martes una demanda contra Glock, la empresa fabricante de la pistola que utilizó el atacante, en particular, su estrategia comercial.
Ilene Steur, una mujer de 49 años herida de bala en el incidente, apunta a la estrategia de marketing de la célebre marca de armas con sede en Austria, alegando que "pone el acento" en la "gran capacidad" de tiro y la "facilidad para disimular" la pistola semiautomática en cuestión.
Se trata de características que seducen a "potenciales compradores con intenciones criminales" como Frank James, el atacante del metro, quien compró legalmente la Glock 17 9mm en 2011 en el estado de Ohio, según la denuncia presentada el martes ante el tribunal federal del distrito de Brooklyn, Nueva York.
Steur acusa a Glock de haber inundado el mercado estadounidense, lo que motivó que los departamentos de la Policía, uno de sus clientes, renovaran su arsenal antes de lo previsto poniendo las armas en el mercado de segunda mano civil.
Contactada por la AFP, la filial estadounidense de Glock no había respondido el miércoles.
"Los fabricantes de armas no viven en una burbuja. Son conscientes de que sus estrategias de marketing permiten a compradores malintencionados poner en peligro la vida de personas inocentes", declaró Mark Shirian, uno de los abogados de la querellante, que reclama un proceso civil para obtener reparación.
La querella coincide con los ecos de dos recientes matanzas en el país: una, perpetrada por un supremacista blanco en un supermercado de Buffalo, norte del Estado de Nueva York, el 14 de mayo, la cual dejó 10 personas negras muertas; otra el 24 de mayo, en una escuela primaria de Texas, donde un joven de 18 años con un rifle semiautomático mató a 19 menores y dos profesoras antes de ser abatido por policías.
No es la primera vez que las víctimas apuntan contra los fabricantes de armas. En febrero pasado, Remington aceptó pagar 73 millones de dólares a las víctimas de la matanza del colegio de Sandy Hook, que dejó 26 muertos en Connecticut, en diciembre de 2012.
Las familias emprendieron acciones judiciales contra el fabricante y su filial al estimar que había vendido una versión del fusil semi-automático AR-15, una arma de tipo militar "que no está adaptada" al uso civil y que fue emplada por Adam Lanza, de 20 años, para su ataque en el colegio.
AFP
Google enfrenta una demanda colectiva de cinco mil millones de dólares en California.
Una cosa es segura: navegar por internet sin dejar ningún tipo de rastro es una misión imposible. Al menos así es con los buscadores más populares como lo son Chrome, Firefox y Safari.
Más allá de esto, millones de personas en todo el mundo utilizan esta forma de navegación, muchas veces bajo la falsa creencia de que todo lo que vean por allí, será privado. Según un estudio realizado por una consultora estadounidense, cerca de la mitad de los usuarios consultados utilizó esta modalidad al menos una vez, mientras que el 30% dijo que la utiliza a diario y el 25% que recurre a ella al menos una vez a la semana. El principal motivo, declararon los internautas, es para hacer búsquedas consideradas por ellos mismos como “vergonzosas”.
Entonces, si no es un método privado, ¿para qué sirve?
“El modo incógnito es eficaz cuando queremos que nuestra actividad en la web no sea conocida por otros usuarios del mismo equipo. or ejemplo, si estamos buscando un regalo para nuestra pareja o si queremos que las sesiones que tenemos activas en nuestros navegadores sean ignoradas. Pero, aparte de esto, no proporciona una gran protección de nuestra privacidad”, explicó a El País de España un especialista en seguridad informática.
Al utilizar el modo incógnito, las únicas dos medidas de seguridad que se disparan son, por un lado, que no se guarda en el historial de navegación la información sobre los sitios web a los que se accede. Y por el otro no se utilizan las llamadas cookies, que son pequeñas pastillas de información alojadas en tu navegador que definen el perfil de cada usuario en la web.
En resumidas cuentas, el modo incógnito sirve para “esconder” información a otros usuarios de un mismo equipo, pero no te transforma en un navegador anónimo.
Solicitaron además que las compras sean hechas por una persona por familia para evitar concentración de personas en los supermercados.
La Asociación de Supermercados del Uruguay emitió un comunicado señalando que no habrá desabastecimiento en los locales ya que están todos preparados para atender a la demanda ante la contingencia de la población. Todos los productos tienen garantizada su reposición, afirman.
Pidieron a los usuarios que las compras sean hechas por una sola persona por familia para evitar aglomeraciones y que se pague con medios electrónicos.
El consumo de los últimos diez días equivalió al de seis meses en condiciones normales, informaron desde la empresa.
ALUR anunció este domingo que se decidió aumentar la producción de alcohol líquido y en gel marca Ancap, debido a la creciente demanda a raíz del coronavirus. La empresa informó que el consumo de los últimos diez días equivale al de seis meses en condiciones normales.
Con el aumento de la producción se espera que esta semana se esté revirtiendo la escasez de ambos productos. Además, desde la empresa se informó que el sector sanitario es atendido en forma prioritaria y no se ha detectado quiebre de stock.
Por otra parte, la Cámara Uruguaya de Farmacias y afines anunció que ha decidido limitar la venta de alcohol en gel, tapabocas, y vitamina C a un máximo de dos unidades por persona para evitar desabastecimiento.
El recurso fue introducido en la Corte Superior de Los Ángeles el mismo día en que se rindió tributo público a la leyenda de los Lakers, la joven Gianna y el resto de las víctimas en el Staple Center.
La viuda de Kobe Bryant, Vanessa, demandó este lunes a los operadores del helicóptero que se estrelló el 26 de enero, matando al ícono de la NBA, su hija de 13 años y otras siete personas.
El recurso fue introducido en la Corte Superior de Los Ángeles el mismo día en que se rindió tributo público a la leyenda de los Lakers, la joven Gianna y el resto de las víctimas en el Staple Center.
La demanda involucra a Island Express Helicopters, Island Express Holding Corp. y al patrimonio del piloto, Ara Zobayan, quien destacaba entre las víctimas.
La investigación para determinar la causa exacta del accidente aún está en desarrollo, aunque un informe preliminar descartó alguna falla mecánica.
La demanda responsabiliza a la compañía por permitir un vuelo en medio de "niebla espesa y nubes bajas" ese domingo de mañana, cuando incluso la policía y las compañías de turismo decidieron permanecer en tierra.
"El certificado de funcionamiento de la Administración Federal de Aviación de Helicópteros Island Express limitaba a sus pilotos a volar solo bajo las reglas de vuelo visual", señaló la demanda.
"El helicóptero en cuestión no tenía licencia ni certificado para volar en condiciones instrumentales" y "el piloto al mando, Ara George Zobayan, estaba obligado a volar solo en condiciones de navegación visual".
"Zobayan intentó maniobrar el helicóptero hacia arriba y hacia delante para salir de las nubes, y luego entró hizo un giro que envió al helicóptero a terreno escarpado a aproximadamente 180 millas por hora" (290 km/h), añadió el texto.
La demanda destacó que la autoridad de aviación civil estadounidense (FAA) citó a Zobayan en 2015 por vilar las reglas mínimas para "volar en un espacio de visión reducida por condiciones medioambientales".
Island Express no respondió aún a los pedidos de la AFP por una reacción sobre esta demanda.
(AFP)
"Venezuela va a buscar justicia en los tribunales internacionales", afirmó el mandatario.
Venezuela demandará a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por las sanciones que emitió el pasado viernes contra la aerolínea estatal Conviasa, anunció este lunes el presidente Nicolás Maduro.
Al término de una marcha de trabajadores de la empresa en rechazo a las restricciones, Maduro dijo que pidió a sus funcionarios y a la Procuraduría preparar de "inmediato una demanda" ante la CIJ "contra el gobierno de Estados Unidos por el daño que se pretende hacer" a Conviasa.
"Venezuela va a buscar justicia en los tribunales internacionales", afirmó el mandatario socialista a las afueras del palacio presidencial de Miraflores, punto final de la movilización.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la aerolínea estatal, que bloquean cualquier transacción entre ésta y ciudadanos y empresas de ese país.
La medida se suma a una batería de castigos de Washington para forzar la salida del poder de Maduro, que incluyen un embargo petrolero desde abril pasado y un bloqueo financiero.
Maduro, quien tachó la nueva disposición de "irracional", responsabilizó al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países.
Guaidó "dijo a sus amos del norte: sanciona esta empresa, incrementa las sanciones contra Venezuela", expresó el gobernante sobre el jefe parlamentario, quien realiza una gira internacional desde el pasado 19 de enero tras burlar una prohibición de salida del país.
Durante su periplo, Guaidó fue recibido el pasado miércoles en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump, quien un día antes, ante el Congreso del país norteamericano y en presencia del opositor, prometió aplastar la "tiranía" de Maduro.
Conviasa aseguró este lunes en un comunicado que "seguirá operando con total normalidad".
La CIJ, con sede en La Haya y que trata litigios entre Estados, solo emite opiniones consultivas y no dispone de ningún medio de coerción. Sus decisiones no siempre son aplicadas por los países.
(AFP)
Esta sentencia en primera instancia será apelada por la empresa.
Esteban Queimada continúa siendo socio de conductor de Uber. Presentó la demanda en febrero de este año y la sentencia de la justicia en primera instancia falló en su favor.
Queimada presentó la demanda, según dijo a Telemundo, porque comenzó a trabajar en la plataforma y “vio como operaba”. Sostiene que si no trabaja como Uber quiere, queda afuera de la aplicación y eso demuestra que existe una relación subordinada.
En la sentencia la justicia sostiene que Uber actúa “como una verdadera empresa, organiza el trabajo, establece tarifas dinámicas e incentiva a los conductores a tener un mejor salario, dándoles incentivos propios de una relación de trabajo dependiente, premiando la productividad “.
En consecuencia, según esta sentencia que Uber apelará, deberá pagar al trabajador la licencia, el aguinaldo y salario vacacional, un monto aproximado de 200 mil pesos.
"El perjuicio existe", recalcó la abogada.
Este martes se realizó la audiencia de conciliación entre Gustavo Serafini ("el Gucci") y Daniel Martínez, Christian Di Candia y Fabiana Goyeneche. No hubo acuerdo entre las partes, por lo que el cantante de música tropical continuará adelante con un juicio civil por "daño moral y lucro cesante".
Abordamos el tema junto a la abogada del cantante, Kerstin Jourdan.
Yo ya iba con la expectativa de que la otra parte no había intención de acuerdo. Los cincos abogados que fueron por parte de los tres citados dijeron que no iban a llegar a ningún acuerdo. Veremos ahora cuáles serán sus defensas en este caso y cuáles serán sus pruebas.
Estuvimos esperando a ver si se retractaban, pero no lo hicieron. Él tomó los resguardos pertinentes porque vio que se le venía complicada.
Los shows le han bajado un montón y varios de sus trabajadores han tenido que dejar la banda porque ya no tienen tanto trabajo. El perjuicio existe.
Nosotros ya tenemos armada la demanda.
La compra se realizó en 2011, luego de una larga negociación y durante la alcaldía de Mauricio Macri, actual presidente de Argentina.
La estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) presentó una demanda contra el Metro de Madrid por la venta en 2011 de vagones con asbesto, un material asociado con el cáncer, confirmó este miércoles a la AFP una fuente de la empresa.
"La demanda se presentó ayer (martes) en Madrid por unos 14 millones de euros", dijo el portavoz que requirió anonimato.
Sbase exige al Metro de Madrid esa suma en concepto de resarcimiento porque alega que los coches, de segunda mano, fueron ofrecidos a la venta pese al riesgo potencial de su uso para la salud de los trabajadores del metro.
La compra se realizó en 2011, luego de una larga negociación y durante la alcaldía de Mauricio Macri, actual presidente de Argentina.
Los coches fueron retirados del servicio en forma preventiva en febrero de 2018 cuando se ordenó una investigación, según la decisión de Sbase y de la empresa Metrovías que opera la concesión del servicio.
Los trabajadores del metro de Buenos Aires, que a diario transporta a 1,3 millones de pasajeros, vienen denunciando desde hace varios años la presencia de ese material en los vagones y han reclamado mediante huelgas y protestas que la empresa los retire del servicio y de los talleres de mantenimiento.
En total Metro de Madrid vendió 36 vagones a Subterráneos de Buenos Aires en una operación por unos cinco millones de euros.
La utilización del asbesto (amianto) está prohibida en Argentina desde 2001 por su potencial cancerígeno. En el mismo año también se prohibió en España.
El material, un mineral de fibras microscópicas, tiene propiedades aislantes al calor y al fuego.
Al menos once trabajadores del metro de Buenos Aires han sido diagnosticados con afecciones pulmonares, según los sindicatos, que lo atribuyen al contacto con asbesto.
(AFP)
La demanda también es por despidos abusivos y cambios de régimen de trabajo.
Ocho trabajadores entablaron una nueva demanda contra Ebigold y Alenvidrio, más conocida como Envidrio. Con estos ya son al menos once los ex trabajadores que denunciaron por haberes impagos a la cooperativa creada tras el cierre de Cristalerías del Uruguay.
Según la demanda a la que tuvo acceso Telemundo, los trabajadores denuncian la realización de horas extras impagas a las que la cooperativa denominaba solidarias. También denuncian despidos abusivos y cambio de régimen de trabajo, entre otros temas.
En mayo pasado el Banco de Previsión Social constató que 71 de los 77 trabajadores de Envidrio trabajaron en la empresa mientras cobraban el seguro de desempleo, tal como lo había denunciado previamente el programa Santo y Seña.
La cooperativa viene siendo investigada también por Crimen Organizado, que analiza los préstamos que recibió la empresa autogestionada del Fondes e Inefop tras la denuncia de legisladores del Partido Nacional.
El fiscal Luis Pacheco pidió el procesamiento sin prisión por conjunción de interés personal y público para el entonces diputado Daniel Placeres por haber votado la extensión del seguro de desempleo para la cooperativa que dirigió durante mucho tiempo y en la que trabajaban familiares suyos.
En mayo, previo al levantamiento de sus fueros, Placeres decidió renunciar a su banca.
