Centrales obreras se manifestaron en las afueras del Congreso.
Los violentos disturbios en los que desencadenó una marcha de las centrales obreras en Buenos Aires forzaron al Congreso argentino a suspender una sesión en la que se debía votar una polémica reforma de jubilaciones.
Los incidentes se registraron cuando miles de manifestantes confluyeron ante las puertas de la Cámara de Diputados para pedir a los legisladores rechazar la medida impulsada por el presidente, Mauricio Macri.
El gobierno necesita reducir el fuerte déficit fiscal de 4,2% este año, e incluyó en las sesiones extraordinarias de diciembre esta reforma con la que espera ahorrar unos 100.000 millones de pesos (unos 5.600 millones de dólares).
La oposición afirma que con la medida se reducirá el porcentaje de aumento que reciben unos 17 millones de jubilados y pensionados.
La sesión debía celebrarse la próxima semana para que las comisiones parlamentarias pudieran analizar el tema, pero el oficialismo forzó el miércoles un mecanismo para acelerar el debate y llevarlo este jueves a la Cámara de Diputados, lo que generó la reacción de los sindicatos.
La decisión sacó a las calles de la capital a miles de personas en señal de protesta.
En Argentina, el sistema jubilatorio es un sistema solidario y estatal que garantiza a quienes aportan durante 30 años un 80% de los ingresos que recibían cuando eran trabajadores activos, con topes para los sueldos más elevados.
Las jubilaciones parten de un piso de unos 7.246 pesos (unos 400 dólares) en un país que registró una inflación superior al 20% en los últimos diez años.
- Piedras y barricadas -
Un comando de fuerzas de policía militarizada acordonó el Congreso con vallas metálicas desde la madrugada.
Cuando miles de manifestantes intentaron llegar al Parlamento se produjeron refriegas reprimidas con gases lacrimógenos, camiones lanza-agua y profusos disparos de balas de goma que provocaron decenas de heridos, según imágenes de televisión.
Los protestantes arrojaban piedras y quemaban barricadas de basura.
Policías motorizados persiguieron e hicieron retroceder a manifestantes en las calles adyacentes al Congreso, constató la AFP.
Dos diputados opositores fueron heridos cuando ingresaban al Congreso y debieron ser asistidos en la enfermería del palacio.
Dentro de la Cámara de Diputados, los legisladores opositores reclamaron a gritos suspender la sesión porque "no había condiciones" para llevarla adelante y denunciaron que el oficialismo había iniciado el debate sin quórum.
Con el telón de fondo de los disparos policiales, la diputada oficialista Elisa Carrió también pidió la suspensión porque "no se puede sesionar con esta violencia".
Pese a la suspensión de la sesión, los incidentes prosiguieron durante algunas horas en los alrededores del Congreso, donde quedó un tendal de basura quemada, automóviles destrozados y vidrieras rotas.
- La reforma -
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, insistió más tarde en conferencia de prensa que la reforma "es una buena ley".
"Vamos a trabajar con las fuerzas parlamentarias para ver cuándo es el mejor momento" para volver a llevar la discusión al Parlamento, dijo.
Peña acusó a la oposición de incitar a la violencia. "Vimos la búsqueda clara de violencia, primero en la calle y luego en el propio recinto".
"No creemos que por la violencia de las minorías se tenga que modificar un debate parlamentario", afirmó Peña al ratificar el proyecto del Ejecutivo.
Desde 2009 se aplica por ley un incremento automático semestral que, además del costo de vida, traslada el aumento de la recaudación tributaria a favor de los jubilados.
El punto más polémico de la reforma es el cambio en la fórmula para calcular el aumento de las jubilaciones que, aunque pasará a ser trimestral, tomará en cuenta solo el índice de inflación oficial.
La oposición afirma que su aplicación redundará en una reducción del porcentaje de aumento que reciben los jubilados.
"No es cierto que se estén reduciendo las jubilaciones. Está garantizado el aumento del 5% en términos reales por encima de la inflación", aseguró Peña.
Prestigiosos constitucionalistas advirtieron que, de aprobarse la reforma tal como la presentó el oficialismo, provocará centenares de juicios contra el Estado al entender que viola principios constitucionales.
(AFP)
