La convocatoria fue por redes sociales para exigir demandas sociales, después de que este lunes se registrara otra jornada de violencia.
Tras once días de un estallido social sin precedentes en los 29 años de democracia, ninguna medida del gobierno de Sebastián Piñera ha logrado bajar la tensión en las calles, donde conviven un gran movimiento sin líder ni color político que reclama un país menos desigual, y otro numéricamente inferior, con un discurso antisistema, más radical, que ha originado destrozos millonarios en infraestructuras.
En esta vorágine de movilizaciones que se han replicado en el puerto de Valparaíso, donde se encuentra la sede del Congreso, y en Concepción, en el sur del país, entre otras regiones, el gobierno contabiliza hasta ahora 20 muertos y más de 9.000 detenidos desde el comienzo de las protestas el 18 de octubre.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo este martes que desde el Gobierno perciben "un incremento" de esa ola más radical desde el lunes, tras un cambio de gabinete pedido a gritos en protestas y redes sociales, cuando pasaron de 21 a 89, los eventos graves distribuidos a lo largo y ancho del país", como incendios, saqueos y destrucción de edificios.
Karla Rubilar, la nueva ministra vocera, señaló el contraste entre los actos de extrema violencia de este lunes y la manifestación del viernes pasado que concentró a más de 1 millón de personas en la plaza Italia de Santiago, en un ambiente festivo y familiar.
Mientras tanto, entre las denuncias de violaciones de los derechos humanos durante la ola de protestas en Chile, el caso del joven gay Josué Maureira se ha convertido en uno de los más visibles. El joven estudiante de Medicina de 23 años, denunció haber sido golpeado hasta quedar inconsciente, vejado por su orientación sexual, nuevamente golpeado hasta romperle el tabique nasal, violado con una porra, amenazado de muerte y encarcelado por supuestas agresiones a los agentes. Josué decidió denunciar a sus agresores públicamente.
