Culminó esta semana la segunda ronda de reuniones interpartidarias por el proyecto de Ley de Urgente Consideración, con propuestas de cambios de los integrantes de la futura coalición de Gobierno.
A una semana de que asuma Luis Lacalle Pou todavía no está listo el texto final de uno de sus compromisos de la campaña electoral, la Ley de Urgente Consideración.
En los últimos días, la futura vicepresidenta, Beatriz Argimón, recibió a referentes de sus socios de coalición quienes intentaron no dar grandes detalles sobre los cambios sugeridos porque la negociación continúa y hay varios puntos a acercar.
Por ejemplo, Cabildo Abierto planteó modificaciones en las áreas seguridad, salud pública, comercio fronterizo, vivienda, colonización, entre otras, por lo que entienden que todavía se está lejos del acuerdo definitivo sobre la ley.
A partir de estas presentaciones de cambios, comienza la etapa de redacción final para que el proyecto ingrese al Parlamento en los primeros días del próximo Gobierno, en lo que será la primera gran prueba de la coalición.
Desde el Partido Colorado se plantearon cambios en el capítulo dedicado a la enseñanza y advirtieron que algunos aspectos no deberían considerarse dentro de la Ley de Urgente Consideración, como la desmonopolización de Ancap.
El Partido Independiente basó su análisis de los temas incluidos en el borrador en función del Compromiso por el país, el acuerdo programático previo al balotaje que sentó las bases del acuerdo entre los partidos que integran la coalición, asegurando que ese debe ser el marco de referencia.
También el Partido de la Gente presentó sus discrepancias con el borrador, principalmente en los rubros empleo (agro y turismo), pero con la seguridad como eje de su propuesta. En este sentido Edgardo Novick asegura que se puede mejorar la situación “rápidamente”.
Más allá de los cambios que tendrá el texto inicial, los principales cuestionamientos llegan desde el Frente Amplio y el PIT-CNT, aunque también desde algunos gremios como el de los fiscales y el propio fiscal general.
Lo más cuestionado es su carácter de urgente, que reduce los tiempos de análisis parlamentario para un proyecto que además tiene una gran cantidad de artículos sobre muchos temas.
En los 460 artículos hay algunos más polémicos, como los cambios en la organización de la enseñanza, las normas laborales, la inclusión financiera o la desmonopolización de Ancap, entre otros aspectos que se verá en los próximos días si siguen estando, si sufren modificaciones o si desaparecen una vez redactado el texto final del proyecto.
