El directorio de la empresa estatal y el Ministerio de Industria están trabajando en un borrador de decreto con modificaciones reglamentarias para las energías renovables.
El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, aseguró que el borrador de decreto en el que están trabajando con el directorio de UTE se trata simplemente de "una actualización de las reglas de juego". La misma busca que sea "justa" para todos los consumidores y, al mismo tiempo, que la empresa estatal no se vea perjudicada por el cambio reglamentario, según el secretario de Estado.
El 6 de diciembre, la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE) denunció a través de la página web del Pit-Cnt que el proyecto en el que trabajan las nuevas autoridades es "un nuevo avance privatizador del servicio público de energía eléctrica". Para el sindicato, se busca "habilitar un modelo de competencia desleal perjudicial" para la empresa pública, "permitiendo que los consumidores más grandes participen en el mercado eléctrico y eviten asumir los costos asociados al cambio de la matriz energética".
Estos costos, según los trabajadores, son asumidos por el grueso de los clientes a través de las tarifas a un precio más alto del que deberían tener. "Es decir, se establece un subsidio millonario para que los grandes consumidores de UTE se transformen en 'Clientes Libres' y participen en el Mercado Eléctrico", sintetizó AUTE en el comunicado de comienzos de mes.
Este lunes, el ministro Paganini rechazó en rueda de prensa que la cartera de Industria esté avanzando en esta dirección y dijo que no hay "nada nuevo" en el borrador, sino que se busca adecuar el marco normativo vigente al cambio de la matriz energética que se implementó en los últimos años.
El secretario de Estado indicó que la ley de 1997 establece "la posibilidad para un consumidor de mayor porte de considerarse consumidor libre". De este modo, puede "contratar con un privado o con la propia UTE, pero en un régimen de consumidor libre su suministro", pagando los peajes por el uso de la red eléctrica.
A su vez, esta ley está reglamentada por un decreto de 2002. "Lo que sucede es que en ese decreto no se preveía cuál era el aporte que hacían las energías renovables, y por lo tanto requiere su actualización. Y en ese proceso estamos, para tomar en cuenta que pueden ser generadores con energía renovable y en qué medida afecta eso o no la garantía de suministro", indicó Paganini.
"Lo que queremos lograr es una actualización de las reglas de juego que sea justa, que permita que esto funcione para los que tienen energía renovable pero al mismo tiempo que no perjudique a la UTE", enfatizó.
Para el ministro de Industria, el sindicato "en el fondo" lo que hizo es generar "una situación de alarma que no corresponde", según dijo en la rueda de prensa.
Ante la consulta de si las arcas de UTE se verán afectadas por lo dispuesto en el decreto, Paganini respondió: "Cuando sepamos las reglas finales de juego podremos evaluarlo; son las cosas que hay que tomar en cuenta. Queremos que haya inversión en generación renovable, que los consumidores de gran porte tengan situaciones de competitividad en acceso y queremos justicia y equidad en el acceso para todos".
"No queremos tampoco afectar ni la tarifa del consumidor final ni las arcas de UTE. Por supuesto, al entrar en un sector que ya tiene un cierto nivel de competencia, puede haber un poquito más, pero la UTE también tiene armas para defenderse", agregó.
Las denuncias del sindicato
El sindicato señaló en el comunicado que UTE paga más de US$ 400 millones al año por comprar energía a generadores privados, que según el gremio es destinado a empresas multinacionales o grandes grupos empresariales uruguayos que en conjunto concentran la mayoría del parque generador eólico, biomásico y fotovoltaico.
Los funcionarios de AUTE señalaron que a partir de un estudio del sindicato, realizado y denunciado en 2015, llegaron a la conclusión de que "la tarifa eléctrica era injusta" ya que los hogares "cargan con todo el peso" de la carga tarifaria y pagan por la energía el doble que los empresarios. "A los grandes consumidores de energía (grandes superficies, industrias, zonas francas, etc.) en promedio les cuesta menos del 0,4% de su valor bruto de producción costear la tarifa eléctrica, mientras que a los hogares les cuesta 10 veces más, llegando a ser más pesada esa carga en los hogares más humildes", sostuvieron.
Luego de proponer una serie de iniciativas para revertir esa situación, según el sindicato, las autoridades no les hicieron caso y la situación podría profundizarse a partir del decreto en ciernes.
"El Marco Regulatorio establece que para que un Gran Consumidor deje de ser cliente de UTE y se convierta en Cliente Libre, participando en el Mercado Eléctrico, tiene la obligación de contratar a largo plazo, con generadores que aportan potencia firme, parte de sus requerimientos de energía. Este mecanismo existe de forma de garantizar a futuro la existencia de suficiente generación disponible para abastecer la demanda", apuntó AUTE.
"El proyecto de decreto elimina esta obligación de contratar, por lo que los clientes podrían comprar su energía directamente en el Mercado Spot, mercado que presenta precios bajos (Precio Spot) en general, referenciados al costo marginal, producto de que hay una gran oferta energética y que no incluye los costos de los contratos firmados por la generación renovable".
"De esta forma, evitarán pagar los costos asociados al cambio de la matriz energética, que se paga en todas las tarifas de UTE, y se apropiarían de los beneficios, perjudicando a la UTE y todos sus clientes. Es decir, el Poder Ejecutivo crearía un subsidio implícito a quienes ya son los principales favorecidos por la estructura tarifaria, que implicaría 60 millones de dólares anuales de pérdidas, empujando al alza las tarifas, afectando la rentabilidad de la Empresa Pública, y la calidad del servicio", apuntó el sindicato, y planteó otros perjuicios del decreto.