Quienes ya reciben ayudas y están comprendidos en el nuevo sistema pasarán automáticamente, sin hacer trámites.
El gobierno comenzará a implementar el 1º de enero de 2027 la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, una prestación que unificará cuatro beneficios sociales y aumentará los montos destinados a las familias con niños pequeños. El nuevo sistema alcanzará inicialmente a unos 54.000 beneficiarios y supondrá una inversión adicional de USD 31 millones.
El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y la presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, se reunieron este viernes con el presidente de la República, Yamandú Orsi, para analizar los pasos previos a la puesta en marcha de la iniciativa, que forma parte del programa de gobierno y surgió del proceso del denominado Diálogo Social.
Civila afirmó que la medida representa una nueva etapa en la evolución de las políticas de protección a la infancia en Uruguay. "Este va a ser un cambio relevante que va a implicar mayor suficiencia a las prestaciones, es decir, un aumento de prestaciones y una simplificación para las personas respecto de cómo acceder al sistema", dijo en rueda de prensa.
La nueva prestación unificará las modalidades de Asignaciones Familiares, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza. El objetivo es concentrar los trámites, simplificar el acceso a las ayudas y aumentar los montos que reciben los hogares, especialmente durante los primeros años de vida de los niños.
Los montos llegarán hasta $10.000
Pardo explicó que los montos mensuales podrán alcanzar los $10.000 por beneficiario para los hogares de menores ingresos y mayor vulnerabilidad. Para otras franjas se prevén prestaciones de $6.600 y de aproximadamente $3.300, según la situación económica y las características de cada hogar.
"Para estos vamos a entrar en el nuevo beneficio en los montos potenciados, en los más altos, va a ser de $10.000 por beneficiario para los de menores niveles de ingresos y los de mayor vulnerabilidad", señaló la presidenta del BPS.
Como ejemplo del impacto económico, Pardo planteó el caso de una pareja joven en la que la mujer está embarazada y ambos tienen un hijo de un año. Si actualmente reciben alrededor de $12.500 mediante los distintos beneficios, con el nuevo sistema podrían pasar a cobrar unos $20.000.
La jerarca indicó que para los niños de 0 a 3 años los montos podrán aumentar más de un 80% en comparación con lo que podían recibir anteriormente, dependiendo de las prestaciones que percibía cada hogar y de su situación socioeconómica.
La primera etapa abarcará a unos 54.000 nuevos beneficiarios y requerirá una inversión adicional de USD 31 millones. Según Pardo, la iniciativa no consiste simplemente en sumar una nueva ayuda a las existentes, sino en modificar el funcionamiento del sistema de protección a la infancia.
"Este es el cambio más grande del sistema de protección a la infancia de los últimos 20 años", sostuvo.
Quiénes deberán hacer el trámite
La prestación estará dirigida a mujeres embarazadas y a niños nacidos en 2025, 2026 y 2027, de acuerdo con los criterios previstos para su implementación.
Quienes ya reciben beneficios y forman parte de la población objetivo pasarán automáticamente al nuevo sistema, sin necesidad de iniciar un trámite. En cambio, deberán gestionarlo las nuevas beneficiarias, como las mujeres que queden embarazadas durante 2027, y quienes tengan un recién nacido y todavía no hayan solicitado ninguna prestación a comienzos de ese año.
"La idea se trata de que la buena noticia venga acompañada de que la gente no haga trámites innecesarios", explicó Pardo.
La gestión podrá realizarse a través del BPS o del Ministerio de Desarrollo Social. En ese sentido, la presidenta del organismo anunció que desde el 1º de noviembre habrá una ventanilla única en las distintas oficinas del país, para centralizar el acceso y evitar que las personas deban realizar trámites separados ante distintos organismos.
"La idea es simplificar trámites, potenciar montos y hacer más eficiente al Estado, pero también el acceso de la persona", resumió.
El cambio también alcanzará a quienes reciben beneficios que no forman parte de la nueva prestación. En esos casos, la unificación del medio de pago se realizará de forma gradual y las autoridades comunicarán a cada persona cómo y cuándo deberá hacerlo.
La ley establece que el cobro deberá realizarse mediante un medio electrónico, como una tarjeta de débito o un instrumento de dinero electrónico. Los detalles sobre la instrumentación quedarán establecidos en la reglamentación.
Consultado sobre las condiciones vinculadas al acceso a la prestación, Civila explicó que el proyecto original del Poder Ejecutivo fue modificado durante la discusión parlamentaria y que el texto aprobado establece porcentajes de condicionalidad diferentes a los planteados inicialmente.
"El proyecto del Poder Ejecutivo ya incluía un componente de condicionalidad y un componente de incondicionalidad en la prestación, la discusión fue sobre los porcentajes de condicionalidad o incondicionalidad", señaló.
El ministro sostuvo que el acceso a la educación y a la salud debe acompañarse con acciones concretas del Estado. En ese sentido, destacó los resultados de la política de revinculación educativa, mediante la cual distintos organismos trabajaron para identificar y contactar a niños y adolescentes que habían dejado de asistir a los centros educativos.
"Para lograr resultados, además de condicionamientos que se pueden valorar, si son adecuados o no, en cada momento se necesita acción del Estado, una acción contundente", afirmó.
Según Civila, a partir del cruce de información entre organismos y del trabajo territorial se logró revincular a alrededor de la mitad de los niños y adolescentes que estaban desvinculados del sistema educativo. El jerarca comparó ese resultado con menos de un 5% de revinculación que, según indicó, se alcanzaba con el mecanismo anterior, basado en el envío de mensajes que advertían sobre el retiro de la prestación.
Pardo, por su parte, señaló que los cuatro beneficios que se unificarán alcanzan actualmente a unos 460.000 beneficiarios y representan a más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes del país.
La presidenta del BPS agregó que, de 406.000 beneficiarios cuyo vínculo con el sistema educativo fue controlado, a algo más de 4.000 se les retiró la asignación por no estar inscriptos en un centro de enseñanza, lo que equivale al 1,6%.
También indicó que siete de cada diez adolescentes que no se revincularon tenían alrededor de 15 años. Entre las situaciones que pueden dificultar la continuidad educativa mencionó las responsabilidades de cuidado de hermanos menores y la necesidad de realizar trabajos informales para contribuir a los ingresos del hogar.
Civila cuestionó la idea de que las personas pobres no quieren trabajar
Durante la presentación, el ministro también se refirió a las críticas que sostienen que las transferencias sociales implican destinar más dinero a personas que no trabajan.
"Los uruguayos quieren y queremos trabajar. La enormísima mayoría de los uruguayos queremos trabajar, trabajamos, la gente trabaja y trabaja mucho", afirmó.
Civila sostuvo que la falta de empleo no explica por sí sola las situaciones de pobreza y señaló que las transferencias forman parte de un conjunto más amplio de políticas sociales, que incluye programas de trabajo protegido, acompañamiento a las familias y cuidados.
"Las personas que están en situaciones de mayor pobreza no están en situación de pobreza por no trabajar. Esa no es la realidad que predomina en el Uruguay", expresó.
Las autoridades señalaron que la nueva asignación será evaluada de forma permanente por los organismos involucrados, entre ellos el Mides, el BPS y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el objetivo de ajustar su funcionamiento y mejorar el acceso a las prestaciones.
