“El punto que hoy más complica es el de los recursos humanos", dijo el secretario de la asociación.
La Dirección General de Registros (DGR) es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Los trabajadores de esta dirección, nucleados en la Asociación de Funcionarios Registrales, son los que el pasado lunes comenzaron con una serie de medidas sindicales e irán escalonando otras en reclamo de dos aspectos principales: la reducción de personal y el pago paulatino en el salario que dispuso la Justicia por partidas mal liquidadas.
Sobre el primer punto de los reclamos, vinculado a los recursos humanos, el secretario del sindicato, Daniel Frattin, dijo a Telemundo que tiene que ver con “la reducción de personal que la DGR viene sufriendo desde el año 2010”.
“Tenemos 21 sedes registrales en todo el país. Y en 2014 éramos más de 600 funcionarios. En la actualidad tenemos 279 funcionarios, con una previsión de ingreso a la administración pública, por un decreto firmado en 2021, que impide ocupar las vacantes. Eso hace que hoy no se puedan llenar las vacantes que tiene la DGR. Y esto se agrava más porque a fin de año tenemos 100 compañeros con causal jubilatorio. Por lo cual, estaríamos funcionando con menos de 200 compañeros, lo que hace insostenible esta situación”, explica Frattin.
En ese sentido, el secretario del sindicato de los registrales dice que “hay registros en el interior que no tienen escribanos” y que profesionales de sedes cercanas deben acercarse para “dar una mano”. “Eso está haciendo imposible cumplir en los propios registros con la obligación diaria de procesado de documentos que tenemos”, apunta Frattin.
El otro reclamo, en tanto, tiene que ver con un proceso judicial iniciado en 2014. “En 2014 iniciamos un proceso judicial porque el Estado liquidó mal partidas salariales. Y la Justicia nos dio la razón”, explica Frattin, y agrega: “No pretendemos cobrar la totalidad de lo que el juicio nos dio la razón en febrero de 2021. Pretendemos que se cumpla con la promesa del Poder Ejecutivo de que en enero de este año se iba a empezar a abonar la condena a futuro; es decir, la incidencia que ese monto que nos dio la razón el Poder Judicial se nos debe pagar, se iba a empezar a trasladar al salario”.
“En la asamblea de febrero se dio plazo al gobierno hasta mayo. El gobierno siempre dijo que estaba todo muy encaminado y que iba a salir, pero después nos enteramos que Economía no estaba muy enterada del tema, y ahora hay un problema entre Economía y Cultura. Para nosotros es el mismo gobierno y entre ellos son los que tienen que tomar la decisión de cómo abonar esta promesa del Ejecutivo de hacer esa incorporación salarial de una partida sobre la que tenemos sentencia favorable desde febrero de 2021”, dice.
Desde la Asociación de Funcionarios Registrales afirman que están “abiertos al diálogo”, y que el secretariado de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) “está en comunicaciones con el Ministerio de Economía”, a la espera de que se pueda concretar una reunión.
“El punto que hoy más complica es el de los recursos humanos. No estamos pidiendo que nos cumplan ya, pero sí esperamos una respuesta favorable de solución, en cuanto a una excepción al decreto que impide el ocupar las vacantes o que en la ley de Rendición de Cuentas se le brinde a la DGR una instancia que le permita contratar los funcionarios necesarios para poder cumplir con las necesidades de los usuarios”, dijo Frattin, y agregó: “Capaz el ministro (de Cultura) no está enterado de que cada vez somos menos funcionarios registrales y que, durante la pandemia, los funcionarios registrales nunca cerramos las ventanillas”.
En ese sentido, desde el sindicato tienen algunos números, en base a sus cálculos, de cuántos funcionarios se requerirían: dos o tres escribanos por registro en el interior; un promedio de 60 escribanos en los registros de Montevideo y Maldonado, donde hay más ingresos de documentos. “Eso es para tener una base estable y que el trabajo salga en tiempo y forma”, afirma Frattin. “A eso hay que sumarle la cantidad de funcionarios administrativos, que calculamos cerca de 30-40, por los que se van a ir, para poder de una vez por todas quedar no siempre peleándola de atrás y trabajar como corresponde para tener un servicio eficaz”, añade.
Las medidas
A partir del lunes pasado, la Asociación de Funcionarios Registrales que comenzó con dos medidas que afectan el trabajo diario: el cierre de los convenios que mantiene la DGR con entidades privadas e instituciones públicas (como son la Asociación de Escribanos, el Banco de Seguros del Estado, el Banco República o el Banco Hipotecario) que se nutren de la información registral para utilizarla en los negocios que realizan; y “los cierres de certificados no se están llevando a cabo, lo que hace que los escribanos no puedan visualizar las certificaciones que ellos piden para poder realizar sus negocios”.
“Las medidas se irán graduando y se sumarán otras, como el cierre de las solicitudes remotas, por las que el escribano no va a poder solicitar información desde su hogar; el lunes 20 ya se empezaría con la no entrega de documentos al escribano o al usuario, la no atención de consultas, ni levantamiento de observaciones, tan solo los vencimientos; y por último, a lo que esperamos no llegar, el 27 de junio, con la medida de solo trabajo interno, sin atención al público”, concluye Frattin.