El proyecto firmado por Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano consta de un único artículo, que busca agregar uno nuevo (235 BIS) al Código Penal.
La bancada de senadores de Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para que los condenados e imputados que tienen más de 65 años cumplan prisión domiciliaria, con algunas excepciones.
No podrán acogerse a este beneficio los delincuentes que hayan sido condenados o estén siendo investigados por los delitos de violación (salvo que haya transcurrido desde los hechos un plazo equivalente a dos tercios de la pena máxima); homicidio agravado (salvo que haya transcurrido desde los hechos un plazo equivalente a dos tercios de la pena máxima); o algún delito contemplado en la ley 18.026, que tipifica los delitos vinculados con el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, siempre y cuando se hayan cometido luego de la entrada en vigencia de la norma, que se aprobó el 25 de setiembre de 2006.
El régimen tampoco se aplicará en los casos de reincidencia, reiteración o habitualidad, salvo en los casos en que haya transcurrido desde los últimos hechos un plazo equivalente a los dos tercios de la pena máxima establecida para el delito que tenga mayor pena.
El proyecto firmado por Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano consta de un único artículo, que busca agregar un nuevo artículo (235 BIS) al Código Penal.
En la exposición de motivos, los cabildantes argumentaron que esta disposición "atiende el grave problema de superpoblación carcelaria que está llevando al colapso del sistema con el consecuente riesgo para una población particularmente vulnerable como es la de los adultos mayores".
Si bien el proyecto de ley busca modificar el Código Penal más allá de lo que dure la pandemia de Covid-19, los senadores señalaron que permitirá reducir el riesgo de contagio entre los prisioneros más añosos, mientras que naturalmente se reducirá el flujo de visitas en los centros carcelarios.
"Dado el nivel expansivo de la pandemia, decretar el encarcelamiento de una persona significa bastante más que privarla de libertad, significa poner en riesgo su integridad física e incluso su vida, máxime cuando se trata de personas de edad avanzada", indica el proyecto.
En este sentido los cabildantes acotaron que "de esta forma se siguen las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos transmitidas por el comisionado parlamentario", Juan Miguel Petit, en el informe que elevó a los legisladores sobre el sistema penitenciario durante la pandemia.
