Las penas impuestas van de los dos años de penitenciaría a los tres años y tres meses.
Diez personas fueron condenadas y otras dos imputadas en una investigación para desarticular una red que obtenía información de personas que habían tenido siniestros de tránsito para luego dársela a abogados que los captaban como clientes. La investigación fue liderada por la Fiscalía Departamental de Toledo (Canelones), en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos de Crimen Organizado.
Según el Ministerio del Interior la maniobra habría ascendido a alrededor de USD 1 millón.
La Fiscalía General de la Nación detalló en un comunicado que en la maniobra estaban involucrados abogados y funcionarios públicos -entre ellos policías, inspectores de tránsito y personal de la salud- que usaban los datos de los involucrados en los accidentes para captar víctimas.
Diez de los involucrados fueron condenados como autores y coautores de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de cohecho calificado especialmente agravados y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada especialmente agravados.
Además, dos de los condenados fueron condenados por un delito de acceso ilícito a datos informáticos, en calidad de coautores. Uno de ellos, a su vez, fue condenado como autor de un delito de amenazas.
Las penas impuestas van de los dos años de penitenciaría a los tres años y tres meses. Además deberán abonar multas de entre 50 y 200 Unidades Reajustables.
En tanto, en el caso de los dos imputados, uno está en prisión preventiva por 180 días, y la otra deberá cumplir prisión domiciliaria.
Maniobra
La maniobra delictiva, que se llevaba a cabo desde hacía varios años, consistía en acceder a información reservada de personas heridas o fallecidas en accidentes de tránsito para captar clientes y repartir las ganancias entre abogados, enfermeros, inspectores de tránsito y policías.
Los denominados “abogados caranchos” eran alertados por el personal de emergencias médicas cada vez que se producía un accidente con personas heridas. Allí accedían a los nombres de las víctimas, el lugar de internación o domicilio y también a los números de contacto.
Una vez que ubicaban a las víctimas, les ofrecían gestionar la indemnización del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA). En caso de que aceptaran y posteriormente cobraran el dinero, un porcentaje de la ganancia era repartido entre el abogado y quien había proporcionado la información.
