La citación del frenteamplista se produjo después de que Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, comunicara a autoridades carcelarias que Leal había visitado a sus padres en su casa de Barra de Chui (Brasil).
Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior durante el último gobierno del Frente Amplio, concurrió este jueves a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Cerrito y Misiones para declarar en calidad de testigo ante la fiscal Gabriela Fossati en el marco de la denominada causa Astesiano. La citación del frenteamplista se produjo después de que Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, comunicara a autoridades carcelarias que Leal había visitado a sus padres en su casa de Barra de Chui (Brasil). Tras la declaración de Leal, cambió su calidad y pasó a ser indagado en la causa, de acuerdo a lo que detalló Fiscalía. Ahora tiene tres días de plazo para designar a un abogado.
Fossati no puede descartar que el "accionar" de Leal "estuviera dirigido a obstaculizar su investigación", explicó Javier Benech, director de Comunicación de Fiscalía.
Pasadas las 15 horas Leal salió de Fiscalía por una puerta lateral, sin hablar con los medios de comunicación que lo esperaban fuera de la sede.
Raúl Astesiano, de 76 años, le dijo al diario El País días atrás que el encuentro "no fue una reunión" -dado que Leal no estaba invitado-, sino que "fue una visita" -por su carácter de sorpresiva-. Además, aclaró que “es totalmente falso” que Leal le ofreciera dinero. "Vino solo. Se interesó por la situación de mi hijo", agregó, y no brindó más detalles del encuentro.
Astesiano fue condenado este miércoles a cuatro años y medio de cárcel por varios delitos: asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción entre interés público y privado.
"Voy por el juicio abreviado", dijo durante la audiencia Astesiano, que además deberá pagar una multa de 100 Unidades Reajustables (UR) y tendrá una inhabilitación de cuatro años para ejercer cargos públicos.
