La directora del INR, Ana Juanche, advirtió sobre el inicio temprano de las trayectorias delictivas y la acumulación de situaciones de vulnerabilidad. Anunció la ampliación de cupos educativos y un convenio con Inefop para ofrecer hasta 8.000 lugares de formación profesional.
El II Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad divulgado este viernes por el Ministerio del Interior reveló que una de cada cinco personas encarceladas en Uruguay estuvo en situación de calle durante su infancia o adolescencia, mientras que casi tres de cada diez pasaron por hogares del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) o instituciones similares.
El relevamiento, que comenzó en 2025 y finalizó en 2026, también muestra que la mayoría de la población penitenciaria no completó el ciclo básico de educación secundaria y que existen diferencias entre hombres y mujeres en los delitos registrados, las trayectorias educativas y las experiencias de vulnerabilidad previas a la prisión.
La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, señaló durante la presentación que los resultados permiten identificar "algunos avances, algunas continuidades y múltiples desafíos" del sistema penitenciario, tanto en las condiciones de reclusión como en las trayectorias previas de las personas encarceladas.
Juanche destacó especialmente la relación entre el inicio temprano de las trayectorias delictivas, los antecedentes de institucionalización y las experiencias de situación de calle. A su entender, estos indicadores muestran "un núcleo de vulnerabilidad y de intersecciones en esas vulnerabilidades que es muy preocupante y que necesita respuestas certeras".
La mayoría tiene un único delito registrado
La amplia mayoría de los reclusos tiene un único delito registrado en las causas asociadas a su encarcelamiento actual. En menor medida aparecen personas con dos delitos y una proporción todavía más reducida con tres o más.
Al comparar por género, las mujeres presentan una mayor concentración de casos con un solo delito, mientras que entre los hombres es más frecuente encontrar dos o más delitos asociados a las causas de su privación de libertad.
Diferencias entre hombres y mujeres en los tipos de delitos
Los delitos vinculados a estupefacientes son los más frecuentes entre las mujeres presas y representan más de la mitad de los registros de este grupo. En cambio, entre los hombres predominan los hurtos, seguidos por los delitos relacionados con drogas y las rapiñas.
También se observan diferencias en los delitos violentos. Los hombres presentan una mayor proporción de homicidios, rapiñas y delitos sexuales, mientras que entre las mujeres estas categorías tienen una incidencia relativamente menor.
La diferencia más marcada aparece en los delitos vinculados a estupefacientes, cuya proporción entre las mujeres es casi tres veces la registrada entre los hombres.
Una población mayoritariamente joven
La población privada de libertad se concentra principalmente entre los 20 y los 39 años, con una presencia especialmente importante de personas de entre 25 y 34 años. A partir de los 40 años, la proporción disminuye progresivamente.
La distribución es relativamente similar entre hombres y mujeres, aunque estas últimas presentan una edad promedio ligeramente superior. Mientras que el promedio de los hombres es de 33 años, el de las mujeres alcanza los 35.
En comparación con el primer censo penitenciario, realizado en 2010, ambos grupos registraron un aumento de dos años en su edad promedio.
Juanche señaló que una proporción importante de las personas encarceladas comenzó su trayectoria delictiva antes de los 18 años. En ese sentido, sostuvo que es necesario fortalecer las políticas de prevención primaria y secundaria para evitar la vinculación temprana con el delito.
Casi tres de cada diez estuvieron institucionalizados durante su infancia
Casi tres de cada diez personas privadas de libertad estuvieron institucionalizadas durante su infancia o adolescencia en hogares del INAU o instituciones similares. Sin embargo, la amplia mayoría no registra antecedentes de este tipo.
Las principales diferencias aparecen al analizar los motivos de esas internaciones. Entre los hombres son más frecuentes las vinculadas a infracciones a la ley penal adolescente, mientras que entre las mujeres tienen mayor peso las situaciones de amparo o protección.
Los resultados muestran que las experiencias de institucionalización durante la infancia y adolescencia presentan características diferentes según el género, una tendencia que ya había sido identificada en el primer censo penitenciario.
La directora del INR consideró que estos antecedentes, junto con el inicio temprano de las trayectorias delictivas y las experiencias de situación de calle, muestran la necesidad de desarrollar respuestas preventivas que atiendan las distintas situaciones de vulnerabilidad.
La mayoría no completó ciclo básico
La mayoría de las personas privadas de libertad presenta niveles educativos bajos y una proporción importante no logró completar el ciclo básico de educación secundaria. En cambio, quienes alcanzaron estudios terciarios o universitarios representan una minoría.
Al analizar los datos por género, las mujeres presentan niveles educativos relativamente superiores a los hombres. Entre ellas es menos frecuente encontrar personas que no completaron la educación primaria y es mayor la proporción que accedió a la educación media superior.
En comparación con el censo realizado en 2010, se observa una disminución de la proporción de personas cuyo máximo nivel educativo es primaria incompleta, tanto entre hombres como entre mujeres.
Consultada sobre las personas que manifiestan su intención de estudiar o trabajar, pero no encuentran cupos disponibles, Juanche reconoció que la oferta sigue siendo insuficiente, pese a la ampliación registrada respecto al primer censo.
"Es muy duro el dato de la escasez de culminación de los ciclos de educación obligatoria", sostuvo.
La jerarca explicó que el INR amplió los cupos del programa Rumbo, que permite cursar ciclo básico abreviado junto con UTU, y anunció un nuevo convenio con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), que asegurará hasta 8.000 cupos para formación profesional de personas privadas de libertad y fortalecimiento de sus posibilidades de inserción laboral.
La situación habitacional antes de ingresar a prisión
La amplia mayoría de las personas privadas de libertad vivía en una casa o apartamento antes de ingresar a prisión. En menor proporción aparecen quienes residían en situación de calle, refugios u otros espacios habitacionales.
Aunque se trata de una situación minoritaria en el conjunto de la población penitenciaria, las experiencias de calle presentan diferencias según el género. Entre las mujeres, la proporción de quienes vivían a la intemperie era ligeramente superior a la de los hombres.
La diferencia más importante aparece entre las personas que declararon otras identidades de género: aproximadamente una de cada cuatro vivía a la intemperie o en un refugio del Mides antes de su encarcelamiento.
En relación con las dificultades que enfrentan las personas una vez que recuperan la libertad, Juanche destacó el programa Libertad Segura, que contempla empleo protegido, acceso a vivienda, atención de salud, tratamiento por consumo problemático de drogas y continuidad educativa.
La primera etapa del programa incluye hombres del complejo carcelario Santiago Vázquez y mujeres de la Unidad Nº 5. Según la directora, una de las primeras personas egresadas del programa ya accedió a una solución habitacional.
Uno de cada cinco vivió en la calle durante su infancia o adolescencia
Una de cada cinco personas privadas de libertad declaró haber atravesado una situación de calle durante su infancia o adolescencia, mientras que la amplia mayoría manifestó no haber tenido esa experiencia.
Entre hombres y mujeres las proporciones son prácticamente idénticas. Sin embargo, entre quienes declararon otras identidades de género, la incidencia es considerablemente mayor: cuatro de cada diez personas de este grupo afirmaron haber estado en situación de calle durante su infancia o adolescencia.
Este resultado muestra diferencias en las experiencias de vulnerabilidad previas al encarcelamiento, especialmente entre las personas que declararon otras identidades de género.
Las propuestas del INR para mejorar la rehabilitación
Además de la ampliación de la oferta educativa y laboral, Juanche destacó que más de la mitad de las personas privadas de libertad reconoce tener un consumo problemático de sustancias, según los resultados del relevamiento.
Para atender estas situaciones, el INR trabaja junto con la Junta Nacional de Drogas en nuevos dispositivos de tratamiento residenciales y ambulatorios. La directora mencionó un programa residencial que cuenta con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y que permitirá incorporar nuevas modalidades de atención dentro del sistema penitenciario.
También anunció medidas vinculadas a la infraestructura, la tecnología y la incorporación de personal penitenciario. Según explicó, la Ley de Presupuesto Nacional permitió crear 1.000 vacantes para mejorar la gestión y la atención de las personas privadas de libertad.
