Gandini fue condenado en febrero de 2024 a la pena máxima de reclusión para un adolescente -10 años- por asesinar a su expareja, Valentina Cancela: al momento del crimen, en agosto de 2023, ambos tenían 17 años.
El Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y de Administración (Cecea) denunció que Santino Gandini, el joven que se convirtió en 2024 en el primer menor de edad condenado por femicidio en Uruguay, ha concurrido a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República (Udelar) a realizar pruebas, en el marco de los estudios que realiza como parte de su programa de reinserción y rehabilitación. Esto se conoció en un contexto particular: el intento de femicidio a una joven por parte de un compañero de clases en la Facultad de Medicina.
Gandini fue condenado en febrero de 2024 a la pena máxima de reclusión para un adolescente -10 años- por asesinar a su exnovia, Valentina Cancela: al momento del crimen, en agosto de 2023, ambos tenían 17 años.
En las últimas horas, y en el marco de la conmoción que ha vivido especialmente la comunidad de la Udelar, desde el gremio de estudiantes de Ciencias Económicas se denunció que Gandini había estado en varias oportunidades en instalaciones de la facultad, con el objetivo de rendir de forma presencial una serie de pruebas, en el marco del plan de estudios que realiza como parte de su rehabilitación. Esto es posible por las alianzas entre la Udelar y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), organismo que tiene a cargo la reclusión del joven.
“Esta situación puede generar incomodidad”: qué dice la Facultad de Economía
Ante la denuncia pública del gremio de estudiantes, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Danny Freira, emitió un comunicado en el que no se refirió directamente a la situación de Gandini, pero sí indicó que su misiva se da “ante los reclamos recibidos por parte de integrantes de la comunidad FCEA”.
“En relación con los distintos puntos planteados, queremos brindar una respuesta clara y responsable, distinguiendo aquella información que la Facultad puede comunicar de aquella que, por razones de confidencialidad, protección de las personas involucradas y respeto de los procedimientos institucionales, debe mantenerse bajo reserva”, apunta en el comunicado.
“Queremos ser explícitas y explícitos en este punto: esta reserva no opera como un mecanismo de protección hacia quien ha causado daño, sino como una garantía que la normativa establece para todas las personas de la comunidad universitaria sin excepción, y que en este caso protege especialmente la privacidad e integridad de quienes se han visto afectadas”, agrega.
En este sentido, además, la decana indicó que “los asuntos vinculados a procesos penales, condenas, medidas privativas de libertad y sus modalidades de cumplimiento, incluyendo la forma en que una persona privada de libertad accede a instancias educativas, son competencia exclusiva del Poder Judicial”.
“Nos corresponde como servicio universitario cumplir con los aspectos previstos judicialmente: si eso significa permitir que una persona privada de libertad ingrese a una prueba acompañada por quien la ley dispone, así lo hacemos. Somos conscientes de que esta situación puede generar incomodidad, miedo e inseguridad en otras personas de nuestra comunidad, y eso no lo minimizamos. Es precisamente por eso que contamos con mecanismos institucionales para acompañar a quienes se sientan afectadas, y seguimos analizando qué medidas adicionales están dentro de nuestras competencias para dar respuesta a esta situación concreta”, indicó la decana.
Además, la jerarca señaló que la Facultad de Economía “reafirma que el acceso a la educación constituye un derecho que la Universidad garantiza también a las personas privadas de libertad, en consonancia con los principios de inclusión y reinserción social”.
“Este compromiso no se contrapone con la responsabilidad institucional de promover condiciones de cuidado y convivencia adecuadas para toda la comunidad universitaria. Ambos principios deben ser garantizados de manera simultánea, mediante respuestas institucionales que permitan atender situaciones complejas sin afectar derechos ni profundizar situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, herramientas como el Protocolo de CAVIDA contribuyen a contar con mecanismos de prevención, orientación y abordaje que permiten sostener ambos compromisos”, agrega.
Gandini no continuará yendo de forma presencial
Con todo, en un comunicado publicado en redes sociales este jueves 3, el gremio de estudiantes de la Facultad de Economía afirmó que el joven condenado por el femicidio de su expareja en Maldonado ya no irá a al centro de estudios a rendir pruebas.
“El director del Departamento de Educación del Inisa, Carlos Rivero, le comunicó a la decana Danny Freira que a partir de hoy Santino Gandini realizará sus evaluaciones en la unidad de reclusión en la que se encuentra, dejando de concurrir a la FCEA para dichas pruebas”, apunta el texto.