Según la información de la Fiscalía General de la Nación, no era la primera vez que los vecinos recibían amenazas del hombre contra sus mascotas.
Un hombre fue condenado luego de sacar el gato de una vecina de su vivienda, llevarlo hasta su propia casa y matarlo a golpes con un palo en un complejo habitacional de Santa Lucía, Canelones.
Según un comunicado de la Fiscalía General de la Nación, no era la primera vez que los vecinos recibían amenazas del hombre contra sus mascotas. Además, varios habían denunciado anteriormente la desaparición de otros gatos.
En Uruguay, el maltrato animal no está tipificado como delito y puede ser sancionado administrativamente en el marco de la Ley de Bienestar Animal. Sin embargo, en este caso la Fiscalía llevó adelante la causa por otros delitos vinculados a lo ocurrido.
El hombre había sido imputado por hurto especialmente agravado, daño y violencia privada. El hurto fue considerado especialmente agravado porque el gato fue sustraído del interior de la vivienda de su dueña.
La Fiscalía entendió además que existió un delito de daño debido a que el animal fue sometido a actos de extrema violencia antes de morir, y sostuvo que también se configuró violencia privada porque la agresión contra el gato implicó ejercer violencia sobre su dueña y otros integrantes del complejo habitacional.
Durante la investigación, la Fiscalía solicitó prisión preventiva, pero la Justicia dispuso inicialmente arresto domiciliario por 90 días. La decisión fue apelada.
Un Tribunal de Apelaciones mantuvo el arresto domiciliario y calificó el hecho como “deplorable en cuanto al menosprecio de la vida animal”, aunque consideró que existían otras medidas suficientes para neutralizar los riesgos planteados.
Finalmente, el 15 de setiembre, el Juzgado Letrado en lo Penal de Canelones de 4º Turno condenó al hombre como autor de un hurto especialmente agravado, con un delito de daño y un delito de violencia privada especialmente agravada.
La pena fue fijada en 14 meses de prisión y una multa de 20 UR ($38.468,8) bajo un régimen de libertad a prueba.
Durante los primeros tres meses deberá permanecer en arresto domiciliario total. En los 11 meses restantes tendrá que fijar domicilio, presentarse semanalmente en una seccional policial y realizar tareas comunitarias durante cuatro meses. A su vez deberá acreditar que inició tratamiento psicológico por consumo de alcohol.