"Me parece que no tenemos que confundir palabras dichas por gente -que ya sabemos que no se puede confiar mucho en lo que dicen- con hechos", consideró el ministro.
Luego de que se conocieran nuevos mensajes del exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano en los que un policía le pidió intervenir teléfonos de profesores y alumnos del liceo 41, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, se mostró preocupado por la naturalidad con que se toman las filtraciones de Fiscalía y consideró que esto "puede tener consecuencias embromadas".
"¿Una persona que tenga datos sobre un narcotraficante va a ir a Fiscalía a hacer la declaración pensando que una semana después puede estar en la prensa y que eso puede tener consecuencias sobre su seguridad o sobre su vida? Creo que ahí hay un problema", recalcó el jerarca, en rueda de prensa, este martes. "El problema no es de la prensa. Creo que es un error agarrársela con la prensa en esas situaciones", consideró.
Da Silveira sostuvo que si bien los medios de comunicación tienen que buscar este tipo de datos y si los consiguen hacerlos públicos, "el Estado tiene que ser capaz de distinguir entre aquella información que está bien que termine divulgándose y aquella que debe ser manejada con otros criterios porque protege derechos, el debido proceso en materia judicial y plantea problemas de seguridad".
Para el ministro, no se debería tomar "con tanta naturalidad el que de Fiscalía se filtre tanta información". Teniendo en cuenta esto, afirmó: "A mí me gustaría ver un poquito más de preocupación en la opinión pública sobre ese punto".
El jerarca se preguntó si estos chats realmente involucraban a la educación. "Hay unos señores que no tienen ninguna clase de vínculo en ningún proceso de elección en la educación que dicen cosas que ni siquiera se sabe muy bien si ocurrieron o no", opinó.
"Me parece que no tenemos que confundir palabras dichas por gente -que ya sabemos que no se puede confiar mucho en lo que dicen- con hechos", agregó Da Silveira. En esta línea, sostuvo: "No tengo nada que explicar al respecto. No tengo absolutamente nada que ver con eso. No sé quién es este señor que aparece en esta conversación".
"Me parece que se está tirando a voleo por razones políticas, tratando de involucrar y ensuciar gente que no tiene nada que ver con ciertas cosas que se dicen", arremetió. "Está bien que se investigue y está bien que la prensa investigue. Pero no demos por hecho que porque se escribieron ciertas palabras en un WhatsApp eso significa que hay una responsabilidad de autoridades o que efectivamente pasó algo", subrayó.
Según Da Silveira, la pregunta es qué es lo sucedido. "Hasta donde yo sé lo único sucedido es que hay un chat en donde dos personas dicen ciertas cosas. Si eso se tradujo efectivamente por ejemplo en acciones de seguimiento, yo no lo sé", respondió.
"La preocupación de saberlo es válida lo que no es válido es hacer juicios rápidos que involucran a las autoridades, decir que hay seguimientos, que hay problemas de corrupción, como algunas figuras de la oposición están diciendo, un día sí y otro también sin aportar ninguna evidencia", criticó.
"Un chat en donde dos personas dicen ciertas cosas no es una prueba de que eso haya ocurrido. Que se investigue, nosotros estamos muy a favor de la transparencia y, de hecho, hemos colaborado todo lo que podemos en este asunto", manifestó.
"Ahora, lo que no está bien es que antes de que se haya hecho alguna investigación, de que se haya encontrado alguna evidencia se den por ciertas palabras, por lo pronto, emitidas por gente a la que no habría que creerle mucho", sentenció.
Por su parte, el secretariado ejecutivo del Pit-Cnt resolvió este martes pedir distintas entrevistas, luego de que salieran a la luz los audios de Astesiano sobre el liceo 41, y también por rastrear movimientos del presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, previo a su accidente en Punta Carretas en febrero de 2022.
El vicepresidente del Pit-Cnt, José Lorenzo López, dijo en rueda de prensa que "como acciones concretas" van a pedir entrevista con autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen), con el directorio del INAU, con la comisión de Derechos Humanos del Parlamento "para denunciar y pedir un pronunciamiento" y también una entrevista con el fiscal de Corte, Juan Gómez.
