Raúl Iglesias consideró que la “investigación avanzó lo suficiente como para cambiar de medida cautelar”.
La investigación por la denuncia de violación grupal de una mujer de 30 años ocurrida en enero en el barrio Cordón (Montevideo) pasó hace una semana de manos de la fiscal de Delitos Sexuales de 2º Turno, Sylvia Lovesio, al fiscal Raúl Iglesias, de 4º Turno, y en los próximas días habrá cambios para los imputados.
En diálogo con Telemundo este lunes, Iglesias aseguró que se trata de uno de los “expedientes más importantes” que tiene en bandeja y adelantó que este viernes pedirá un cambio en la modalidad de reclusión preventiva que tienen los tres hombres imputados por esta causa.
“El riesgo procesal no es tal ahora como para habilitar una cautelar de tal magnitud (prisión efectiva). Se puede proteger a la víctima, prevenir los riesgos de peligro de fuga y no obstaculizar la investigación de otra manera”, indicó sobre su decisión de pedir la prisión domiciliaria.
En este sentido, señaló que la “investigación avanzó lo suficiente como para cambiar de medida cautelar”, y contó que se caracteriza por pedir la prisión preventiva “cuando lo amerita: en casos extremos”.
“Hay que balancear siempre el riesgo procesal con que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. (Contemplamos) todas las alternativas antes de la prisión”, sentenció.
Los tres hombres mayores de edad fueron imputados el 3 de febrero por un delito de abuso sexual especialmente agravado y enviados a prisión por 180 días, a la espera del juicio. La fiscal Lovesio dijo en ese momento que si la Justicia dio lugar a la formalización es porque contaba con un cúmulo de evidencias que probaban que la víctima había sido abusada.
No obstante, no quiso detallar las pruebas para proteger a la mujer. "Si la Fiscalía se presentó frente a un juez de garantías e hizo lugar a la formalización es porque había un cúmulo de evidencias que configuran la semiplena prueba", reiteró.
Martín Frustaci, abogado de los acusados, planteó ese mismo día previo a la audiencia que presentó videos que registraron la relación sexual entre sus defendidos y la denunciante. Estos registros -filmados por uno de los indagados- demostrarían que el acto fue consensuado y no se trató de una violación, según el defensor.
El abogado de la denunciante, Juan Raúl Williman, retrucó que los videos eran "fragmentos" que no permitían establecer si había habido abuso sexual o no.
