Luego de intensas negociaciones, la coalición anunció la inclusión de la fórmula para el pago de la deuda con los funcionarios judiciales y el retiro del pasaje a OPP del Plan de Mejoramiento de Barrios.
Al no lograr apoyo del Partido Colorado, ni de Cabildo Abierto que encabeza el ministerio de Vivienda, el Plan de Mejoramiento Barrial para asentamientos quedará en la órbita ministerial en lugar de pasar a OPP como pretendía el Poder Ejecutivo. Fue uno de los temas más negociados en la coalición, que finalmente no llegó a un acuerdo.
Tampoco prosperó el aumento de sueldo para presidentes de empresas públicas, votado negativo al inicio del proceso, durante el trabajo en Comisión. Fueron algunas de las modificaciones que tuvo el proyecto de ley de Presupuesto Nacional después de 45 días de análisis en la cámara baja.
Los representantes también definieron reasignaciones presupuestales que permitieron aumentar los recursos para áreas de la enseñanza como Anep, Udelar y Utec. También se contempló la creación de tres juzgados de violencia de género en el interior del país, tras la intervención de la vicepresidenta Beatriz Argimón.
Se aprobaron también artículos que generaron polémica con sindicatos y la oposición, como el nuevo régimen certificaciones médicas de funcionarios públicos, la creación de cargos en ministerios y organismos, la importación de fuel oil para su venta en puertos de ANP, y la cogobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.
Tras modificar el mensaje inicial del Poder Ejecutivo, que derogaba las Instrucciones Generales de Fiscalía, el proyecto que ingresará al senado las mantiene, pero modifica el Consejo Honorario que las dicta y define los lineamientos de persecución criminal.
Uno de los últimos puntos negociados e incluidos en las últimas horas fue la reasignación de recursos para saldar la deuda con los Funcionarios Judiciales, derivado de la ley de presupuesto de 2011.
La coalición aprobó en el Presupuesto nacional una fórmula para solucionar el conflicto salarial que se generó con los funcionarios judiciales por un error en la Ley de Presupuesto del gobierno de José Mujica
