Entienden que como legisladores no se respetaron sus derechos a la participación política.
Los diputados del Frente Amplio presentaron un recurso ante Presidencia de la República para revocar el acuerdo con Katoen Natie, ya que entienden que como legisladores no se respetaron sus derechos a la participación política. Eventualmente podrán recurrir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, informó la bancada en una conferencia de prensa.
Dado que el acuerdo con la empresa belga recién fue informado en la Asamblea General el 2 de marzo, después de firmado, los legisladores piden la nulidad del mismo y aseguran que debió haberse sometido a consideración de ambas cámaras, ya que en los hechos se configuró un monopolio, cuya aprobación requiere mayorías especiales en el Parlamento.
También hubo "graves irregularidades administrativas" y "vicios de forma", afirmó el diputado Daniel Caggiani en la conferencia, secundado por sus compañeros de bancada Cristina Lustemberg, Gustavo Olmos y Ana Olivera.
El diputado del Movimiento Participación Popular (MPP) aseguró que los legisladores quieren "hacer respetar sus derechos". "En caso de que eso sea contestado de manera negativa –eso seguramente sea por la vía administrativa, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo–, agotada la vía de la jurisdicción nacional, no descartamos que podamos recurrir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos", señaló.
"Nunca en la historia de este Parlamento nacional había ocurrido algo parecido", agregó Caggiani.
La administración de Luis Lacalle Pou firmó en febrero un acuerdo con la empresa belga, que accedió a una extensión de la concesión del manejo de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) hasta 2081, 50 años más de lo previsto. A cambio de ello, según el gobierno, se evitó una demanda internacional millonaria.
"El Poder Ejecutivo tomó competencias que no le pertenecen", aseguró Olivera, y explicó que un monopolio requiere dos tercios de los votos en cada cámara.
La coalición de izquierda ya llevó el caso a la Justicia. Los 13 senadores presentaron a fines de setiembre una denuncia penal por el acuerdo. En ella son señalados Luis Alberto Heber (ministro del Interior y exministro de Transporte), Álvaro Delgado (secretario de la Presidencia), Rodrigo Ferrés (prosecretario de la Presidencia) y Juan Curbelo (presidente de la Administración Nacional de Puertos).
"Enterado sobre una denuncia presentada contra distintos funcionarios del gobierno respecto al acuerdo en torno a la terminal portuaria, quiero dejar claro que ellos actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad", escribió en su cuenta de Twitter el presidente Luis Lacalle Pou tras enterarse de la noticia.
Meses atrás, los senadores interpelaron a Luis Alberto Heber en calidad de ministro interino de Transporte y Obras Públicas. El oficialismo respaldó su accionar y sus explicaciones.
