Se busca que quienes hayan sido destituidos por ineptitud u omisión puedan, después de diez años, volver a postularse a cargos del Estado.
Un artículo de la Rendición de Cuentas permitiría restituir funcionarios públicos que hayan sido destituidos por ineptitud u omisión, siempre y cuando haya pasado un determinado período de tiempo.
En este sentido, Telemundo dialogó con el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, quien ha sido impulsor del artículo.
“En materias de dificultad de destitución, en realidad el tema es la prosecución de un sumario. Hay cerca de 1.200 destituciones por año. Por lo tanto, no es un procedimiento que sea excepcional, ni nada que se le parezca.
La legislación uruguaya, a contrapié de lo que es la legislación internacional, establece que una vez que una persona es destituida del Estado, nunca más, bajo ninguna circunstancia, puede volver a postularse para ningún cargo. Pero no se trata de restituir, no es volverlo a la posición en la que estaba. Es permitirle competir con el resto de los ciudadanos por la obtención de un cargo público.
La Constitución establece tres causales para destituir. Una es la ineptitud, que es cuando la persona pierde la condición de aptitud para poder ejercer una función. La otra es la omisión, que es cuando la persona deja de hacer lo que tiene que hacer. La otra es el delito.
En este proyecto, la causa del delito se mantiene como hasta ahora: quien cometió un delito doloso en la administración no vuelve a poder postularse.
Pero aquella gente que en alguna circunstancia, que incluso puede haber sido por exceso de asistencias, que de pronto a los 20 o 30 años es destituida… Nos parece un exceso que nunca más tenga la posibilidad de postularse ni el Estado la posibilidad de convocarla.
Este artículo lo único que establece es que salvo que haya cometido un delito, en cuyo caso nunca se podrá postular, cuando se trate de las otras situaciones de infracción que no son delito, tendrá el derecho, después de diez años de haber sido destituido, de postularse como un ciudadano cualquiera a cualquier cargo público.
El Uruguay no tiene cadena perpetua ni medidas vitalicias de ningún tipo. Nadie está condenado a su pasado eternamente, aún cuando se cometen los delitos más graves. Queremos que después de diez años tenga la posibilidad de demostrar que se reivindicó y de darle una oportunidad a que se postule como una persona más a ver si logra ingresar a la función pública”.
