“Entendemos que esto que se acaba de votar es inconstitucional", agregó el dirigente sindical Martín Pereira.
En el marco de la discusión del proyecto de Rendición de Cuentas que se está dando en el Senado, y que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados, en la jornada del miércoles se aprobó un artículo que propone un cambio en el régimen de certificaciones médicas para el sector público.
“Lo que se aprobó en el Senado plantea que a partir del noveno día se nos va a descontar el 25% del salario a todos los trabajadores públicos”, dijo a Telemundo Martín Pereira de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) e integrante de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). “Después de que se gastó el crédito de los nueve días, comienza el descuento del 25% a partir del cuarto día”, agregó Pereira, y dijo que la medida alcanza a trabajadores de la administración central y de los organismos del artículo 220 (ASSE, INAU, Meteorología, entre otros).
A mediados de julio, el Servicio Civil informó que el Estado gasta más de US$ 80 millones anuales por abusos en certificaciones médicas. Eso motivó al Poder Ejecutivo a proponer un cambio en el sistema. El artículo 13 de la Rendición de Cuentas establece que los primeros tres días de falta del año no se cobran, y que el descuento no se aplicará en certificaciones mayores a 15 días, que no sean por motivos psicológicos o por estrés.
“Los trabajadores están siendo chivos expiatorios del gobierno, que lo que busca es hacer caja con la salud de los trabajadores”, consideró Pereira, y agregó: “Estamos todos de acuerdo en que es el mínimo de los trabajadores el que abusa, y esta realidad no les va a cambiar la situación”.
Pereira explicó que el sistema propone que “desde que el médico hace la prescripción se tiene una cuenta corriente de nueve días que se van renovando año a año; no son acumulables; si no se usaron en un año al otro vas a seguir teniendo nueve, pero entendemos que es insuficiente”.
“En la discusión parlamentaria se amplió al noveno día, pero creemos que es insuficiente. Planteamos que funcionaran los servicios de salud laboral en cada organismo para prevenir y ver cuáles son las certificaciones médicas que hay en cada organismo para que estos ámbitos de salud laboral, que deberían estar conformados en todos los organismos públicos y no lo están, y no se puede trabajar sobre la prevención y los mayores controles, como se ha propuesto”, afirmó el dirigente sindical.
Como ejemplo, Pereira apuntó: “Un enfermero trabaja en una ambulancia. Se dobla un tobillo y va a tener 15 días de recuperación. Le van a estar descontando días desde que está en la recuperación y fue un accidente laboral que sufrió, y que lleva una recuperación mayor a nueve días y es comprobable Y no puede decirse que se está falsificando una certificación médica”. “Entonces, es peligroso porque se va a jugar con la salud de los trabajadores y va a hacer que los trabajadores vayan a trabajar enfermos para no tener descuentos”, agregó.
“Entendemos que esto que se acaba de votar es inconstitucional. Nuestros equipos de abogados están trabajando en el tema. Vamos a presentar el recurso de inconstitucionalidad”, afirmó Pereira.
