Para el sociólogo del Ministerio del Interior, los desalojos en Casavalle significan "la recuperación de la cultura de la legalidad en la zona".
El miércoles, la Justicia condenó con penas alternativas a seis personas que usurpaban casas en el barrio Los Palomares de Casavalle. Y a la séptima, Mónica, que era señalada como líder de la banda de Los Chingas, se le dictó prisión preventiva mientras sigue el proceso. Las familias que vivían en esos apartamentos habían sido obligadas a irse, bajo amenaza, por narcos de la zona.
Para el sociólogo y director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, este episodio judicial tiene importancia "central", porque significa "la recuperación de la cultura de la legalidad en la zona".
"La gente que está entregando las viviendas no lo está haciendo en forma voluntaria. Fueron procesados y condenados por usurpación. El Estado demostró que habían usurpado las viviendas, los condenaron y la Justicia los obligó a abandonar las viviendas".
"En las viviendas que se están desalojando ahora antes vivía otra gente. Y esa gente tiene derecho a poder vivir en esa casa y fue sacada a punta de pistola".
"El mecanismo que tenía esta banda criminal de Los Chingas era ejercer la extorsión masiva sobre las personas, desalojar masivamente a personas que no coincidían con ellos, alojar gente de su confianza, robar las cosas a las personas y, en muchos casos, las personas que luego ingresaban se sacaban fotos con los bienes de ellos y las subían al Facebook", explica Leal.
"Se está dando un mensaje muy claro: que no se va a tolerar la impunidad ni que delincuentes intenten ejercer un modelo de control territorial, que existe en otras partes del mundo".
Mónica Sosa, que ahora va a la cárcel, venía cumpliendo desde marzo una condena de 15 meses de “libertad vigilada” por su participación en la expulsión de 110 personas de sus viviendas en Los Palomares, llevada a cabo por Los Chingas a lo largo de un año.
Gustavo Leal afirmó que la líder de Los Chingas tenía un nivel de vida y de confort en el hogar como pocos en Uruguay, con electrodomésticos de última generación, aire acondicionado en cada una de las habitaciones e inclusive mármol italiano en la mesada de la cocina. Todo en su vivienda en Los Palomares. Además, sostiene que robaba luz y agua.
En cuanto a la afirmación de su abogado de que ella hacía trabajo social en la zona, Leal lo niega y dice: "Quiero creer que al abogado le mintieron".
Hace menos de dos meses, el 23 de junio, el Gobierno y la Intendencia de Montevideo desembarcaron en Los Palomares para realizar un censo que venía demorado. El mes anterior, el inspector Mario Layera se había quejado en una entrevista en El Observador por la falta de coordinación que estaba retrasando la concreción de ese plan.
"El censo lo que permitió es tener un empadronamiento y un registro muy claro de las personas que estaban viviendo allí. Entre otras cosas, detectó que en los lugares donde había sido desalojada gente, ahora estaba viviendo otra gente", explica Leal.
Mientras que en ciudades como Medellín se fomenta la convivencia con inversiones muy potentes en infraestructura, en estos barrios de Montevideo los habitantes pasan meses y años reclamando obras elementales: pavimentación de calles, tendido de agua potable, recolección de residuos regular. "Nosotros necesitamos un pacto como sociedad para hacer un shock de ciudad en el área metropolitana", dice Leal. "Eso implica recursos, también".
"No puede haber ciudadanos de segunda categoría".
"Nosotros estamos haciendo el ejercicio de la autoridad en forma activa".
