Entre los imputados están tres personas que eran los presuntos encargados de captar interesados en obtener la libreta.
Isidoro Noblía, un pequeño pueblo de Cerro Largo ubicado sobre la ruta 8 cerca de la frontera con Brasil, es protagonista de una causa judicial que involucra a más de una decena de personas, incluido un exalcalde del Partido Nacional.
Quien dio el puntapié a la causa fue el flamante intendente de Cerro Largo, el nacionalista Christian Morel. A mediados de julio, en su primera semana como intendente, decidió suspender la emisión de libretas de conducir en ese municipio.
¿El motivo? Unas cifras que "llaman la atención", según sus términos. En la localidad se emiten más libretas de conducir que la cantidad de pobladores. En los últimos tres años se dieron cerca de 9.000 licencias de conducir, en un lugar donde viven 2.655 personas, según el último censo.
La fiscal Leticia Siqueira comenzó a investigar y en un mes logró concluir que la expedición de libretas era irregular y que, efectivamente, había un aparato montado con funcionarios públicos y particulares para captar clientes.
Hasta el momento 12 personas fueron indagadas y condenadas, cinco de ellas ya están en prisión -algunos de forma cautelar, otros ya con condena por proceso abreviado-.
Entre los imputados y en prisión preventiva están tres personas -una pareja y otro hombre- que eran los presuntos encargados de captar interesados en obtener la libreta.
Este jueves fue enviado a prisión preventiva por 180 días otro funcionario público que estaba encargado de las pruebas prácticas.
Este viernes en la tarde hay una nueva audiencia para resolver la situación de dos personas más: el exalcalde de la localidad, Favio Freire, y una mujer oriunda de Rocha.
Freire fue detenido este jueves en la mañana en su casa de la localidad y trasladado a Melo para la audiencia, pero se descompensó durante la instancia judicial y debió ser hospitalizado. Este viernes de mañana recibió el alta médica y ya fue trasladado nuevamente al Juzgado Letrado de la capital arachana.
A todos los indagados se les tipificó delitos de asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación de documento público.