Ahora el caso de la fuga de Morabito está a cargo de la fiscal Silvia Porteiro, y tiene como imputado a un oficial de la Guardia Republicana.
El exdirector de la Guardia Republicana, Alfredo Clavijo, responsabilizó al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) por los traslados del narcotraficante Gerardo González Valencia a la excárcel Central.
El narco mexicano González Valencia, integrante del cártel de los Cuinis y que fue luego extraditado a Estados Unidos, estaba bajo custodia de la Guardia Republicana cuando fue trasladado trece veces a la cárcel Central.
El pretexto fueron visitas conyugales, pero mantuvo encuentros con el mafioso italiano Rocco Morabito, que estaba recluido allí.
Por eso en diciembre el fiscal Ricardo Lackner interrogó a quien era en ese momento director de la Republicana, Alfredo Clavijo.
En la declaración a la que accedió El Observador, Clavijo dijo que esos traslados eran responsabilidad del Instituto Nacional de Rehabilitación, que organizaba las visitas conyugales. Afirmó que el subdirector administrativo Gerardo Vidarte y la directora de Cárcel Central, Mary González, eran quiénes les decían el día y la hora a la que tenían que llevarlo.
Agregó que el exdirector Nacional de Policía, Mario Layera, era informado cuando se producía cada traslado. El sábado El País había publicado que en la declaración que hizo Layera en diciembre, dijo que no sabía que el narco recibía visitas sin “ninguna restricción de tiempos”, y que que fue una decisión "política” que “la da el ministro”, en referencia a Eduardo Bonomi, fallecido en 2022.
Agregó que la orden había sido atender “el tema de los derechos humanos” de González Valencia, que estaban vulnerados porque el recluso no podía tener relaciones sexuales con su esposa en las condiciones que pretendía.
En la audiencia con el exjefe de la Republicana, el fiscal le dijo a Clavijo que era su responsabilidad asegurarse de que las visitas conyugales no fueran una excusa. Clavijo insistió en que muchas decisiones las tomaba el INR.
Ahora el caso de la fuga de Morabito está a cargo de la fiscal Silvia Porteiro, y tiene como imputado a un oficial de la Guardia Republicana.
