Gabriel Ferreira dijo que le sorprendió la condena a Uruguay a pagar US$ 30 millones.
Luego del cierre de la aerolínea Pluna en 2012, la Asociación Uruguaya de Peritos debió hacerse cargo de la sindicatura y el trabajo quedó en manos de Gabriel Ferreira. Su rol era informar el activo y el pasivo de la empresa, las causas de la insolvencia, y definir si la conducta del deudor había ayudado a agravar esa insolvencia.
Ferreira habló este jueves con Telemundo y manifestó sorpresa por el fallo de la Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que condenó a Uruguay a pagar US$ 30 millones más intereses a Latin American Regional Aviation Company Holding (Larah).
Según Ferreira, la aerolínea había tenido siempre patrimonio negativo, y pérdidas en todos los ejercicios que financiaba con deudas. Por eso, no cree que se pueda responsabilizar al Uruguay por obstaculizar un nuevo préstamo.
Uno de los puntos que el tribunal consideró determinantes para el cierre fue que los directores del Estado que integraban el directorio de Pluna rechazaron votar el préstamo del ING Bank por U$S30 millones, con el que los directores privados proponían capitalizar la empresa mientras buscaban una solución de fondo.
"En ese escenario era más de lo mismo. Era la solución que siempre se estaba encontrando de financiar el déficit y patrimonio negativo con más endeudamiento y en definitiva lo que se estaba haciendo era incrementar el perjuicio para los acreedores. No creo que la solución en ese caso hubiera sido contraer nuevo endeudamiento", consideró Ferreira.
Para el perito, lo que necesitaba Pluna antes del cierre era capitalización y un nuevo plan de negocios. Dijo que en los años de gestión privada la empresa triplicó sus frecuencias, pero con vuelos deficitarios.
"Lo que se estaba haciendo básicamente era generando mayor actividad pero incrementando mucho más el déficit. Con los problemas que había en ese momento de suba de combustible, cuanto más volabas más problemas con los costos", señaló.
Finalmente se remataron los aviones en más de US$ 70 millones y todos los acreedores cobraron. Quedó para el Estado seguir pagando la deuda con el Scotiabank, y el trabajo de sindicatura terminó.
"El interés nuestro era que los acreedores vieran maximizado la satisfacción de sus créditos. Sobre fines de 2016 se llegó a un acuerdo en que los acreedores cobraron 100% de los que se les adeudaba. El incidente de calificación se acordó también y no siguió adelante. Nuestra posición era clara que había habido una responsabilidad en la gestión de la empresa", enfatizó.