Desde la ONG MYSU ven como algo 'preocupante' en términos democráticos y de representación.
Tras la aprobación unánime de la Cámara de Senadores a la ley integral para femicidio, ha habido distintas repercusiones sobre el efecto que la norma pueda tener.
“La primera reacción es la distancia cada vez más importante que hay entre decisores políticos y reclamos ciudadanos. Esto es entre movimiento social, propuestas del movimiento feminista y lo que resuelve el Parlamento. Creo que esto es preocupante en términos democráticos y de representación política”, afirmó Lilián Abracinskas, directora de la ONG MYSU, quien explicó que quienes aplaudieron la sanción parlamentaria en los balcones del Senado eran de sectores políticos partidarios.
“Agravar la pena, y que este sea el único acto legislativo que se hace en respuesta a la violencia a las mujeres y al incremento de los asesinatos, no es la respuesta”, agregó Abracinskas.
La ley integral que las organizaciones feministas reclaman atiende distintos tipos de violencia para prevenir y cambiar culturalmente el relacionamiento con las mujeres.
“Muchos senadores que votaron esto ya estaban en el 2002 cuando fue muy difícil aprobar una ley más allá de la violencia doméstica y sexual. Cuando quisimos discutir violencia patrimonial, económica, psicológica, institucional, que- por acción u omisión- el Estado tiene contra las mujeres en cuanto a garantizarles libertad e independencia. De eso estamos hablando. Esto resulta algo más para entrar en estándares regionales de que Uruguay identifica la figura de femicidio en su Código Penal, que para querer resolver el problema de raíz”, explicó la directora de MYSU.
