Díaz aseguró que hay que poner el foco en el funcionario público, pero también en el empresario que paga una coima.
El fiscal de corte, Jorge Díaz, dijo que la legislación contra la corrupción en Uruguay está muy atrasada y que requiere cambios urgentes.
Considera que existe una visión hemipléjica que no tiene en cuenta que del otro lado de la corrupción pública siempre hay un privado. “Es un relato instalado”, dijo. Respecto a la corrupción pública, plantea modificar las penas para que estén en proporción con el daño causado.
En ese contexto, Díaz planteó además limitar los fueros parlamentarios solo para los denominados delitos de opinión.
Sobre el sector privado también cree que es urgente modificar las leyes para que a la persecución penal de las personas pueda sumarse también la de la persona jurídica.
En diálogo con el programa Desayunos Informales, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, reflexionó:
Hice este planteo en un contexto de otros planteos, relacionados con lo que entiendo que debe ser un plan de modificaciones en la legislación anticorrupción en Uruguay, que está muy atrasada y necesita cambios urgentes. Uno de los aspectos tiene que ver con los funcionarios-servidores públicos.
A veces tenemos una visión un poco hemipléjica de la corrupción. Se ha instalado un relato donde parece que hay un servidor público infiel, que acepta hacer algo que no corresponde o dejar de hacer algo, y que del otro lado hay un privado que ofrece o aceptar pagar algo a cambio de la obtención de ese algo. Se ha instalado el relato de que el corrupto es el servidor público y que el empresario busca superar un obstáculo. Hemos puesto el foco en el sector público y hemos sacado el foco del sector privado: y tenemos que mirar a los dos.
Tenemos que elevar las penas contra los delitos de corrupción pública. Hoy por hoy, por ejemplo, en el delito de peculado hay una pena mínima de un año y una máxima de seis. Un peculado puede ir desde 100 pesos hasta 10.000 millones de dólares. En función del daño que pueden llegar a causar, las penas máximas son muy bajas y deben ser elevadas en función del daño que causan. Eso incide en la prescripción del delito, que se estipula según la pena máxima.
En segundo lugar, tenemos que establecer delitos que hoy no existente. Tenemos una legislación que no recoge la mayor parte de los delitos ratificados por organizaciones internacionales y tratados que Uruguay ha aceptado. Si una persona ingresa a la función pública y triplica, cuadriplica, o lo que sea, su patrimonio, tiene que explicar qué sucedió.
Hay que proteger a los legisladores para que puedan expresarse libremente y criticar, y también denunciar libremente. La opinión del legislador debe estar protegida. Si nos metemos con eso, afectaríamos la esencia misma de la democracia. Los delitos de opinión deben estar por fuera de los cambios. Pero los fueros parlamentarios también tienen otros aspectos. ¿Qué sentido tienen los fueros en el siglo XXI? Hasta una falta menor requiere que se levanten los fueros parlamentarios, y eso es una traba. Y no quiero que se politice una cuestión que necesariamente debe ser jurídica.
Todo esto requiere un gran consenso y la modificación de la Constitución. El sistema político deberá decidir qué caminos toma. Yo entiendo que esto es una pata para combatir la corrupción.
En un delito de corrupción pública, por ejemplo, alcanzan dos legislaturas con fueros parlamentarios para que el delito prescriba. Esas cosas deben tenerse en cuenta. El tema de los fueros comenzó a discutirse en el mundo, y nosotros teníamos que ponerlo sobre la mesa. Es un tema político, de decisión política, y que la ciudadanía deberá refrendar.
Necesitamos urgentemente cambiar la legislación que sanciona al sector privado. Hay personas jurídicas que están acusadas de incurrir en corrupción y siguen siendo contratadas por el Estado. Sin embargo, en ese sentido, hasta donde yo sé, no existe ningún proyecto que busque cambiar algo. Necesitamos poder sancionar a las personas jurídicas para poder efectivamente combatir a la corrupción. Mientras no se cambie algo en este sentido, vamos a seguir cazando mojarras en el sector público y no vamos a poder cazar tiburones en el sector privado.
Seguimos teniendo una legislación anticorrupción de mediados del siglo XX, y así es muy difícil darle respuestas a la ciudadanía. Tenemos que tener otros instrumentos jurídicos. Pero resolviendo el tema de los fueros no resolvemos el tema de fondo.
