La idea es extender la cobertura a todo el país de protección y contención que se hace a las víctimas o testigos de delitos.
La Fiscalía incorporará a 28 asistentes sociales y psicólogos referentes fijos para fiscalías del interior. Estos profesionales trabajan en conjunto los fiscales que realizan investigaciones penales.
En la Unidad de Víctimas y Testigos Protegidos se dan las garantías y la contención que estas personas necesitan en el proceso de declaración.