Nicolás Viera apuntó también a los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat así como también al exdirector general de Secretaría, Fabián Martínez.
Finalizada la comisión investigadora conformada para analizar la compra de las patrulleras oceánicas (OPV por su sigla en inglés) al astillero español Cardama que luego derivó en una rescisión de contrato y una denuncia por fraude contra el Estado, el Frente Amplio apuntó contra el expresidente Luis Lacalle Pou por haber sido "el primer responsable político" de haber avalado el proceso de compra.
"Para nosotros también el trabajo de la comisión investigadora nos arroja una serie de responsabilidades políticas que queremos determinarlas claramente. Lo vamos a hacer también el día que se discuta esto en la Asamblea General, pero entendemos que el primer responsable político de esta situación en la cual se encuentra el Estado uruguayo es el expresidente Luis Lacalle Pou, por ser no solamente comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el momento, sino por haber respaldado políticamente todo el proceso de adquisición de las OPV de la forma irregular con la cual se actuó", dijo el senador frenteamplista Nicolás Viera en conferencia de prensa.
Viera apuntó también a los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat así como también al exdirector general de Secretaría, Fabián Martínez. "Entendemos que allí recaen responsabilidades políticas que queremos que este Parlamento tome conocimiento y que se sumen, en buena medida, a las responsabilidades que eventualmente pueda computar por parte de la Justicia", aseguró.
"Estamos ante un fraude que, a todas luces, ha contado con la opacidad de aquellos jerarcas que, debiendo controlar y defender al gobierno y al Estado nacional, no lo hicieron", disparó.
A su vez el senador Eduardo Brenta aseguró que la oposición "defendió más a la empresa que al Estado". "Debemos decir que se ha puesto el acento, por parte de una parte de la oposición, más en defender los intereses de una empresa privada que estafó al Estado uruguayo que en defender los intereses nacionales y, por tanto, denunciar el fraude cometido por esta empresa y eventualmente analizar las responsabilidades de actores públicos que participaron de este proceso".
En la conferencia también estuvo presente el presidente de la fuerza política Fernando Pereira. "Ha quedado claro, y ya a esta altura nadie lo discute, que nos quisieron estafar, que había joda, que los documentos eran truchos, como dicen los uruguayos para hablar de un documento falso, que el escribano nunca había dado fe de esa existencia, que la empresa no existía, que donde decían que había un banco había una inmobiliaria", disparó.
"Hemos sentido defender a la empresa Cardama cual fuera propia. Nos queda claro en este proceso quién defendió al Estado uruguayo y la plata de los uruguayos", concluyó.
Oposición denunciará penalmente a Sandra Lazo por la rescisión del contrato con el astillero Cardama
Fraude al Estado, abuso de funciones y otros delitos: el informe en mayoría votado en la comisión
La comisión terminó con un informe votado en mayoría por los legisladores del Frente Amplio. El informe sostiene que quedó acreditado que Cardama presentó documentación falsa o irregular durante el proceso. Entre otras cosas, se detectó un acta notarial falsificada para acreditar la representación de Eurocommerce Ltd., una empresa garante que no operaba activamente, tenía domicilio falso y estaba en proceso de disolución. También se presentó como garantía un documento de Redbridge que en realidad era un borrador sin eficacia jurídica y posteriores supuestas renovaciones presentaron indicios de manipulación digital.
Según el documento, estas maniobras podrían configurar delitos de falsificación y uso de documentos falsos, además de una eventual estafa contra el Estado, ya que esa documentación permitió desembolsos por más de 16 millones de euros.
El informe señala a Francisco Cardama como principal responsable de las maniobras, pero sostiene que el fraude no habría podido concretarse de esa manera sin decisiones u omisiones de funcionarios públicos. Por eso plantea que la Justicia deberá determinar si existió algún tipo de acuerdo con la empresa o si se trató de negligencia grave.
Entre las actuaciones de los funcionarios que propone investigar están la contratación sin bases ni fundamentación suficiente y con supuesto trato preferente; las prórrogas verbales; la falta de controles sobre las garantías; la certificación de un hito de pago sin controlar debidamente la documentación; la autorización de pagos sin los respaldos contractuales necesarios; y la ausencia de resoluciones y registros escritos sobre decisiones relevantes.
La comisión entiende que esas conductas justifican investigar posibles delitos como abuso de funciones, omisión de los deberes del cargo y falsificación ideológica por funcionario público, entre otros.