El gobierno y la Suprema Corte de Justicia llegaron a un acuerdo sobre los recursos necesarios.
Vázquez y presidente de la SCJ anunciaron acuerdo para destinar recursos para que el CPP empiece a regir en julio del 2017.
El presidente Tabaré Vázquez y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, anunciaron el acuerdo para destinar los recursos que permitirán que el nuevo Código del Proceso Penal empiece a regir el 16 de julio del año que viene.
Vázquez destacó el acuerdo político que impulsó esta resolución y la corte pidió que se realice una campaña para que la ciudadanía conozca los cambios que implicará el nuevo sistema.
Los recursos a destinar están en la Rendición de Cuentas, pero el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, decidieron hacer una conferencia para destacar la relevancia del acuerdo.
La negociación llevó varios meses. Pérez Manrique reconoció que la última propuesta de recursos que hizo la corte fue contemplada por el gobierno.
El presidente Vázquez destacó que esta solución fue acordada por todos los partidos políticos.
“Con el aporte de todo el sistema político uruguayo, de la Suprema Corte de Justicia, del Ministerio Público, logramos este acuerdo y el compromiso que asumimos como gobierno nacional de destinar los recursos necesarios desde el punto de vista económico para poder adelantar la implementación del mismo”, dijo Vázquez.
El Poder Judicial recibirá 166 millones de pesos en 2017 y 288 millones en 2018.
Además, el Ministerio de Economía adelantará este año 20 millones de pesos para comenzar con la capacitación de jueces, defensores y funcionarios.
“Hemos acordado sobre fondos que son necesarios para poner dignamente en funcionamiento este código, sin perjuicio de que sabemos que hay necesidades que no van a estar contempladas en este momento pero que con el tiempo se van a poder ir acomodando”, dijo Ricardo Pérez Manrique.
Buena parte de la inversión será para nuevos cargos, nuevos edificios y tecnología para grabar las audiencias que serán orales y públicas.
Pérez Manrique pidió que el Estado haga una campaña informativa para que la gente conozca los cambios del sistema.
Destacó, por ejemplo, que los juicios serán más cortos y se minimizarán los presos sin codena firme.
“En muchos casos la persona tiene derecho a esperar su sentencia y condena de libertad. Esto es un factor que implica un cambio cultural y que vamos a tener que aprovechar todos estos meses que faltan para la entrada en vigencia del código para poderlo explicar bien, de manera que cuando empiece a regir la ciudadanía esté preparada para saber lo que pueda esperar en cada caso concreto”, agregó Pérez Manrique.
Pérez Manrique dijo que este acuerdo soluciona el 20% de los asuntos que trata el Poder Judicial.
Manifestó que le preocupa el resto y que espera que el diálogo para lograr recursos continúe en esta línea.
