"Las oficinas públicas podrán coordinar con la Oficina Nacional del Servicio Civil y con el Ministerio de Salud Pública, la presencialidad de sus trabajadores, así como el horario y modalidad de funcionamiento de las mismas, cada una dentro del marco de su descentralización y autonomía", indica un nuevo decreto.
A fines de marzo, cuando los casos de Covid-19 aumentaban de manera exponencial en Uruguay, el Poder Ejecutivo emitió un decreto con una serie de restricciones, para tratar de contener los contagios de la enfermedad infecciosa. Con el paso de los meses, y a medida que la situación epidemiológica en el país comenzó a mejorar, el gobierno empezó a mover algunas de esas "perillas". Ahora es el turno de otra de ellas: la presencialidad de los funcionarios públicos.
El artículo 7 de ese decreto exhorta "a los Gobiernos Departamentales, a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, a las personas públicas no estatales, a las asociaciones civiles y a las personas físicas propietarias, administradoras o concesionarias de los establecimientos de esa naturaleza el cierre de los referidos centros de acuerdo a lo establecido en el Considerando precedente".
Ahora, un nuevo decreto -fechado el 16 de julio- prorroga esta medida hasta el 25 de julio.
Desde el lunes 26, en tanto, "las oficinas públicas podrán coordinar con la Oficina Nacional del Servicio Civil y con el Ministerio de Salud Pública, la presencialidad de sus trabajadores, así como el horario y modalidad de funcionamiento de las mismas, cada una dentro del marco de su descentralización y autonomía".
