Otros dos efectivos no fueron imputados, aunque deberán cumplir medidas limitativas mientras continúa la investigación
La Justicia imputó este viernes a tres de los cinco policías investigados por un procedimiento en el que fue detenido un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y trasladada por la fuerza una persona en situación de calle.
Según explicaron los abogados defensores tras la audiencia, la Fiscalía atribuyó a los tres efectivos los delitos de privación de libertad y simulación de delito. Los otros dos agentes no fueron imputados, aunque deberán cumplir medidas limitativas mientras continúa la investigación.
El caso se originó en julio, cuando funcionarios de una plaza solicitaron asistencia al Mides por una persona en situación de calle. Según la versión de una de las defensas, al no obtener respuesta llamaron al 911 y concurrieron efectivos policiales.
El abogado Daniel Piedra, defensor de cuatro de los efectivos, sostuvo que los policías constataron que la persona tenía una requisitoria vigente y procedieron a detenerla. En ese momento, otra persona, funcionaria del Mides, intentó intervenir en el procedimiento y también fue detenida.
La Fiscalía entiende que esa detención habría sido ilegítima y que los policías simularon la comisión de un delito para justificarla.
“Lo que la Fiscalía argumenta es que la Policía simuló que esa persona cometió un delito para detenerlo”, explicó el abogado.
Sin embargo, las defensas rechazaron esa interpretación y sostuvieron que los efectivos actuaron conforme a derecho.
“Surgen las grabaciones y las filmaciones y demás, por lo cual la posición de la defensa está en contraposición a Fiscalía y esperaremos un proceso, un juicio, y debatiremos en la etapa oportuna la inocencia de nuestros defendidos”, afirmó el abogado.
Por su parte, Martín Frustaci, el abogado de uno de los policías que no fue imputado, destacó que su cliente llegó al lugar como apoyo de otros móviles.
“Mi cliente acude como último apoyo, es el último que llega”, señaló, y aseguró que “actuó tal cual lo establece el manual del procedimiento policial”.
El abogado sostuvo que la Fiscalía no reunió elementos suficientes para imputarlo y valoró que se escuchara la versión de la defensa durante la investigación.
En cuanto a las medidas cautelares, la Justicia dispuso que los policías fijen domicilio y no mantengan comunicación con las personas denunciantes durante un plazo de 90 días.
Los abogados también señalaron que, hasta el momento, no se habían aplicado sanciones administrativas ni iniciado sumarios contra los funcionarios.
