La coordinadora de Nada Crece a la Sombra afirmó que el informe "habla desde el desconocimiento del sistema, porque se nota la carencia de los registros del sistema".
El programa Así nos va de Radio Carve presentó un informe este lunes en el que informa que la ONG Nada Crece a la Sombra, que lleva adelante un programa socioeducativo y de salud en cárceles, "factura millones de pesos por trabajos que jamás hizo, o hizo parcialmente".
"El control estatal sobre lo actuado por Nada Crece a la Sombra brilló por su ausencia, tanto en la última administración frenteamplista como en el primer año de gobierno de Luis Lacalle Pou, lo que posibilitó que la organización se fuera expandiendo en sus tareas como 'intermediaria' bajo un esquema irregular, de contratos en negro y calesitas de dinero", afirman las periodistas Viviana Ruggiero y Patricia Madrid en el informe.
La investigación hace hincapié en tres irregularidades que habría cometido la organización. Por un lado, afirma que en 2o19 obtuvo $ 5 millones de las arcas de Presidencia, que estaban destinados a implementar un proyecto en cárceles. El Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) debían definir en qué centros de reclusión se implementaría y supervisar su ejecución, y para eso debía formar un comité técnico. Tras la firma del convenio ese comité jamás se instaló, y el proyecto tampoco se llevó adelante pero la ONG recibió el dinero, según Así nos va.
Primero se hizo una transferencia desde la Junta Nacional de Drogas (JND) por $ 1,5 millones. A finales del 2020 Nada Crece a la Sombra reclamó el pago del dinero restante. El prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, solicitó al INR que se expidiera sobre la actuación de la ONG en el marco del convenio, para determinar si correspondía abonar. En diciembre del 2020 el director del INR, Luis Mendoza, remitió una nota a la Presidencia y certificó el trabajo de la organización en el Comcar y la Cárcel de Mujeres de lunes a viernes y de 9:00 a 16:00.
Con este reporte sobre la mesa, Presidencia encomendó a la JND realizar la transferencia del saldo pendiente de $ 3,5 millones. El dinero llegó a la cuenta bancaria de la organización en abril de 2021. Fuentes del gobierno indicaron a Así nos va que transfirieron el dinero porque temían que la organización fuera contra el Estado por incumplimiento de contrato.
La segunda irregularidad fue detectada en los contratos. Por un lado, diez integrantes de la ONG fueron contratados por Interior en régimen de zafrales por seis meses, con una prórroga de otros seis. Cada uno percibió desde enero de 2018 un salario de $ 21.000 nominales por 40 horas semanales. Sin embargo, según la investigación, hasta abril de ese año no hubo talleristas en las cárceles. A partir de allí denuncia sucesivos incumplimientos a los contratos que cada año se hicieron, sobre todo en relación al incumplimiento de las horas para las que fueron contratados.
Así nos va afirma que tenían una "estrategia de reparto". Plantean que Nada Crece a la Sombra juntaba un grupo de voluntarios dispuestos a firmar los contratos, cada uno recibía el dinero del Ministerio del Interior pero no se lo quedaba sino que todo lo juntado iba a una “gran bolsa” de la ONG de donde se sacaba para el reparto. De esta manera, personas que no tenían contrato recibían dinero a cambio.
El tercer lugar denunciaron la situación particular de Denisse Legrand, la coordinadora del proyecto, que fue contratada como docente del Centro de Formación Penitenciaria por fuera de su trabajo en la ONG. Sin embargo, afirman que esos roles "se confundieron". “En varias oportunidades se le llamó la atención desde la dirección de Cefopen a la coordinadora de Nada Crece a la Sombra ya que, presentándose en unidades a dictar clases contratados por este centro, los mismos publicaban en las redes sociales fotografías refiriendo a su presencia como desarrollada por Nada Crece a la Sombra y no con el rol de docente contratado para tales fines”, se consignó en un informe elevado el INR.
El vínculo de la Nada Crece a la Sombra con el Estado finalizó hace dos meses, cuando vencieron los últimos contratos que estaban vigentes y el Ministerio del Interior resolvió no renovarlos ni firmar nuevos contratos.
La respuesta de Legrand
La coordinadora y cara visible de Nada Crece a la Sombra afirmó que el informe del programa de Carve "habla desde el desconocimiento del sistema, porque se nota la carencia de los registros del sistema". "Parte de lo que tenemos es el libro en el que se hace mención en el registro. Si será vulnerable el ingreso a las cárceles que ingresan armas de fuego y eso pasa. Entonces sí, claramente los registros son insuficientes, necesitamos urgentemente fortalecer esos registros para saber quién entra, quién sale, cómo ingresa y con qué se retira. Convivimos en la precarización laboral hace muchísimos años, hace dos años que no cobro mi sueldo", aseguró en el programa Justicia Infinita de Urbana FM, del cual forma parte.
Legrand confirmó que los diez contratos firmados nutrían a toda la organización, y que como había 25 personas personas trabajando las contratadas donaban parte de sueldo para que cobren todos los compañeros. "Así nos fuimos sustentando, viviendo en la precarización absoluta, que es una dificultad. Lo que sucedió es que cerraba la gestión del gobierno y desde la Junta (de Drogas) se nos convocó para plantearnos que había un excedente y antes de que fuera a Rentas Generales se nos planteó poder derivarlo al trabajo en cárceles", dijo.
La periodista señaló además que en la cuenta de la organización hay más de $ 3,6 millones. "Viendo la jugada le dijimos que esta plata no la vamos a gastar, va a estar en el banco hasta que nos digan qué se va a hacer, cómo se va a monitorear el gasto y cómo se va a rendir", declaró.
Sobre los contratos, explicó: "Cuando el Ministerio del Interior nos ofrece estos contratos, nosotros les planteamos que somos 25 personas, ellos nos dicen que como máximo puede ser ocho. Le planteamos la cuestión de que necesitamos pagarle al resto y nos dicen que eso es acuerdo interno, que lo asumen". "Si tenemos 17 personas que trabajan a la par, estamos hablando de un cumplimiento mucho mayor de ocho horas (...) Como se entiende que son contratos extremadamente precarios, son contratos que no controlan las horas, sino la ejecución", sentenció.