Leites había sido procesada por ese delito en 2013 al entrar a protestar a la Suprema Corte contra el traslado de Motta.
La jueza Mariana Mota fue trasladada de los juzgados penales en que se desempeñaba para pasar a trabajar en lo civil en 2013, y la noticia desató la polémica. Motta estaba trabajando en casos vinculados con la dictadura y el avión Air Class, lo que motivó que su traslado estuviera en el centro del ojo público y que un grupo de personas realizara una protesta dentro de la Suprema Corte de Justicia.
Pero la controversia continuó cuando los responsables de la manifestación fueran procesados por el delito de asonada. La propia SCJ hizo la denuncia y con una integración distinta, compuesta por miembros del Tribunal de Apelaciones, estableció la inconstitucionalidad del delito.
Irma Leites, Álvaro Jaume y Jorge Zabalza estuvieron entre los procesados en aquel momento. "No puede haber un ilícito, un delito previsto como tal en la legislación penal, sin que la propia legislación penal defina específica y concretamente qué conductas configuran ese delito, cosa que no sucede en el delito de asonada", dijo la abogada María de la Fuente.
"Nosotros creemos que aquí lo que habría que hacer como paso siguiente para complementar esta resolución es restituir a los jueces que en verdad manejan como una globalidad el tema de la impunidad, como es la jueza Mariana Mota, a sus cargos y a sus expedientes", agregó Leites.
