El constitucionalista Correa Freitas explicó a Telemundo cómo sigue la medida impulsada por ediles nacionalistas.
El constitucionalista Rúben Correa Freitas se refirió este lunes al juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, impulsado por los ediles nacionalistas.
Corre Freitas hizo hincapié en que es la Cámara de Senadores la que resuelve si hace lugar o no al pedido de juicio político. "La Junta Departamental actúa como fiscal, es quien acusa, y la Cámara de Senadores es el juez, el que va a resolver si hace lugar o no al juicio político", dijo en declaraciones a Telemundo.
"Según los 13 ediles de la Junta aparentemente habría violación de la Constitución porque la intendenta tenía la obligación constitucional de ir al llamado a sala y no fue, eso constituye una violación. El problema a discutir es si esa es una violación grave o no de la Constitución", expresó.
En ese sentido, comentó que las causales de juicio político son dos: la violación de la Constitución u otros delitos graves.
"En la doctrina en mayoría estamos de acuerdo que la violación de la Constitución tiene que ser grave, no cualquier violación da lugar o mérito al juicio político. Es una valoración que la tiene que hacer la Cámara de Senadores como juez en el juicio político", señaló.
El constitucionalista expresó que para destituir o separar del cargo a Cosse se requieren dos tercios de votos del total de componentes de la Cámara de Senadores, es decir un total de 21 adhesiones.
"Lo que hace la Cámara de Senadores es remitir el juicio político a la Comisión de Constitución y Legislación y es la Comisión la que tramita todo el juicio, es decir recibe a los ediles que acusaron y llama a la intendenta en calidad de acusada", planteó.
La Comisión, una vez analizados los elementos, puede resolver que no hay mérito para un juicio político o llevarlo al Senado. En esa hipótesis habrá que ver si hay 21 votos o no conformes para separar del cargo a la intendenta.
Para Correa Freitas la no presencia de la intendenta en llamados a sala es "violatorio de la Constitución", pero la discusión está en si es una violación grave o no de la Constitución, y esa valoración la hace la Cámara de Senadores.
