Los ahora condenados admitieron haber recibido dinero de parte del exsenador Gustavo Penadés para ejecutar el plan que tenía como objetivo identificar a víctimas de la causa que lo investiga por delitos de violación, abuso sexual, retribución a menores a cambio de sexo, entre otros.
La justicia condenó a dos policías, un funcionario del Parlasur y dos civiles por su participación en el armado de la trama con la que se pretendió identificar a las víctimas del caso Penadés. Cumplirán penas de entre 18 y 24 meses de libertad a prueba y deberán reparar económicamente a las víctimas.
Los ahora condenados admitieron haber recibido dinero de parte del exsenador Gustavo Penadés para ejecutar el plan que tenía como objetivo identificar a víctimas de la causa que lo investiga por delitos de violación, abuso sexual, retribución a menores a cambio de sexo, entre otros.
Este plan comenzó a ejecutarse en mayo, cuando el funcionario del Parlasur y del Parlamento, Diego Cuiñas, se puso en contacto con el exdirector del Comcar Carlos Taroco. Le dijo que necesitaba ayuda para “salvar al hombre”, en referencia a Penadés.
La fiscal Alicia Ghione dijo que el objetivo era identificar a víctimas para extorsionarlas o pagarles a cambio de que desistieran de seguir adelante en la denuncia contra el exlegislador. En algunos casos a pedido de Cuiñas se presionó a privados de libertad a los que se les organizó requisas en sus celdas y se los envió a sitios con peores condiciones.
A cambio Taroco pidió una casa que bien podría ser del Ministerio del Interior y que Cuiñas como intermediario de Penadés se comprometió a obtener. El exdirector del Comcar fue quien contactó a los otros dos policías ahora condenados. Uno de ellos buscó acercarse a una de las víctimas del caso Penadés, Jhonatan Mastropierro.
Se reunió con él en bares y fue a fiestas con la excusa de que necesitaba el asesoramiento de Mastropierro en materia de redes sociales, aunque el objetivo real era ganarse su confianza para que éste le revelara nombres de víctimas.
Uno de los civiles condenados este martes se vinculó al plan por su nexo con la masonería, ya que Cuiñas formaba parte de una logia. En uno de los encuentros que el policía mantuvo con Mastropierro este individuo tomó fotos como forma de controlar que el funcionario hiciera su tarea.
El otro efectivo brindó acceso al software del Ministerio del Interior para armar el flujograma en el que se plasmó la trama creada por los cómplices de Penades. También estaba al tanto de la investigación ilegal y participó activamente en ella.
Otro particular actuó ofreciendo su casa y la sede de un club deportivo para realizar las reuniones. Surge de los chats que también estaba al tanto de lo que tramaban.
Los condenados deberán cumplir penas de entre 18 y 24 meses de libertad a prueba con trabajo comunitario. Los policías además deberán pagar 50 Unidades Reajustables, equivalente a más de $ 81.000, como multa.
Todos los condenados deberán retribuirles a cuatro víctimas (tres menores y una mayor) el equivalente a 12 salarios mínimos o 12 salarios del condenado. Este último punto fue solicitado por la defensa de las víctimas y no estaba definido en los acuerdos a los que se había llegado con los imputados.
La jueza Marcela Vargas hizo lugar a esta solicitud bajo argumento de que las víctimas de esta maniobra fueron vulneradas en su calidad de víctimas de delitos sexuales y por tanto correspondía recibir este retribución determinada en la ley de violencia basada en género.
El abogado del consultorio jurídico de la Universidad de la República (UdelaR) Juan Raúl Williman, que representa a ocho víctimas, destacó tras salir de la audiencia que la primera "ventaja" de los acuerdos abreviados "es la asunción de responsabilidad" de los condenados. "Para nosotros fue una jornada, en definitiva, positiva", subrayó.
Además, Williman se refirió al "mérito" de los estudiantes de Derecho y la abogada Soledad Suárez "es la inclusión" en los acuerdos de la indemnización. "En este sentido, la asunción de responsabilidad siempre nosotros lo vemos como positivo, pero además si se contemplan los derechos de las víctimas mucho más", sostuvo.
"Nosotros estudiamos profundamente el tema con los estudiantes y con el doctor Williman; entendimos que se trataba de actos de corrupción que afectan los derechos humanos", acotó, por su parte, Suárez. "Entendimos que se trataba de un caso que aunque fuera de corrupción también era de violencia basada en género", explicó.
Retribuciones y presiones
Durante la audiencia la fiscal leyó varios chats entre Taroco y Cuiñas en los que el ex jerarca policial pedía dinero para la logística del armado plan y también para mantener contento a sus colaboradores. A estos policías se les hacía transferencias de US$ 150, US$ 200 y hasta US$ 300 por su trabajo.
Surge también en una conversación entre Taroco y uno de los policías que el jerarca le recomendaba inflar los gastos que hacía en los encuentros que mantenía con Mastropierro para poderle sacarle más plata al senador.
Los condenados buscaban en todo momento enterarse antes que la Fiscalía quiénes podrían llegar a declarar con Penades por mantener relaciones con el exsenador cuando eran menores. Fue así que fueron contra un joven que estaba terminando de cumplir una condena en Punta de Rieles.
En una conversación Cuiñas le dijo a Taroco: “tenemos que presionarlo a morir”. Se le realizó una requisa, se presionó al padre del joven (también preso) y finalmente se lo trasladó a una celda de aislamiento en el Comcar pese a que estaba por cumplir su pena.
De los chats también surge que de alguna forma lograron complicar el trámite de pasaporte de Mastropierro. En reiteradas oportunidades se le negó ese documento alegando que tenía causas abiertas, pese a que estaban todas cerradas.
La Justicia condenó a cinco personas responsables de la trama con la que se pretendió identificar a las víctimas de Penadés.
Se trata de dos policías, un funcionario del Parlasur y otros dos civiles. Las novedades con @GuilleLosa. pic.twitter.com/Zbth1rxj9y
— Telemundo (@TelemundoUY) December 19, 2023