Darío Pérez fue el único diputado oficialista que decidió acompañar la iniciativa.
El proyecto presentado por Eduardo Rubio en 2015 declara de interés nacional las políticas públicas de vivienda y establece como cometido de la Agencia Nacional de Vivienda ejecutar la construcción de viviendas como servicio social.
Dice que el presupuesto para la ejecución del Plan Nacional de Vivienda Popular será el equivalente al 1 % del PBI.
Los beneficiarios del plan serían las personas o núcleos familiares cuyos ingresos nominales sean iguales o menores a $76.000, sin límite de edad y sin tener en cuenta antecedentes crediticios y financieros, tampoco se exigirá ahorro previo alguno.
El proyecto dice que la Agencia Nacional de Vivienda deberá escriturar en favor del adjudicatario al terminar la amortización o al cumplir con el pago durante 25 años.
“El proyecto propone llenar un espacio que hoy no contemplan las actuales políticas”, dijo Rubio.
El texto recogió el respaldo de la oposición, pero es criticado por el Frente Amplio entre otras cosas porque sostiene que no tiene financiamiento.
