Así lo determinó finalmente la Suprema Corte de Justicia.
En enero de 2012 Margarita Alcalde de 38 años conducía junto a sus dos hijos por la calle Arocena, en Carrasco, cuando de imprevisto cayó un árbol encima de su auto y la mató. Los familiares de la víctima demandaron a la Intendencia de Montevideo y reclamaron una indemnización por daños y perjuicios.
La Justicia desestimó la demanda en primera instancia entendiendo que se trató de un hecho fortuito. Los familiares apelaron el fallo y un tribunal civil de segunda instancia les dio la razón y condenó a la comuna a pagarles una indemnización de 200.000 dólares por daño moral y otros 16.000 dólares por daño emergente.
La IM llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia alegando que no tenía herramientas para inspeccionar el árbol y descubrir que estaba en riesgo de caerse. La Corte desestimó el recurso de casación presentado por la comuna y confirmó el fallo de segunda instancia, alegando que la IM sí tenía mecanismos para inspeccionar debidamente el árbol y descubrir que tenía una enfermedad en sus raíces que ponía en riesgo su estabilidad.