Estuvo vigente hasta noviembre de 2011, cuando fue publicada una ley interpretativa que derogó sus principales efectos.
La Ley de Caducidad se aprobó en una tensa sesión de la Asamblea General el 22 de diciembre de 1986. Fue el resultado de negociaciones entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas.
Su primer artículo declaraba el objetivo de “concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional” y establecía la caducidad “de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el primero de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales equiparados y asimilados.”
El tercer artículo disponía que los jueces que intervinieran en denuncias por esos delitos debían consultar al Poder Ejecutivo si el caso estaba o no comprendido por la ley de caducidad, a fin de decidir si se investigaba o se archivaba. El primer presidente que se amparó en este artículo para determinar una excepción fue Tabaré Vázquez en 2005, su primer año de gestión.
Los críticos de la norma la denominaron “ley de impunidad” e impulsaron consultas populares para revocarla. La primera en 1989, con resultado favorable a la vigencia de la norma. La segunda en 2009, en simultáneo con las elecciones presidenciales que ganó el candidato frenteamplista José Mujica. Tampoco allí se alcanzaron los votos necesarios.
Al menos en dos ocasiones, la Suprema Corte de Justicia consideró inconstitucional la ley de caducidad. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado uruguayo en el caso “Gelman vs. Uruguay”, mandatándolo a que esa norma no fuera “un obstáculo para la investigación y condena de los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de facto.”
Un año después, el 27 de octubre de 2011, el Parlamento aprobó la ley 18.831, interpretativa de la ley de caducidad, que restablecía la pretensión punitiva para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el primero de marzo de 1985.” Al volver a investigarlos como de lesa humanidad, se consideraron imprescriptibles y por lo tanto sin plazo para juzgar a quienes los cometieron.
Esa ley de 2011 es la que ahora está en cuestionamiento por la propuesta del senador Guido Manini Ríos al presidente Lacalle Pou para derogarla y reinstaurar los efectos de la ley de caducidad de 1986.
