La OIT instó al gobierno a que envíe al Parlamento un proyecto que regule la ocupación de las empresas y la negociación colectiva

El organismo busca que la normativa local se alinee con los convenios laborales internacionales que Uruguay ya adoptó.

El informe de la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, integrado por 20 destacados juristas, es categórico con Uruguay.

En su última edición del 8 de febrero, la comisión insta al país a que someta al Parlamento un proyecto que regule las ocupaciones de empresas de una manera plenamente conforme con el convenio al que adhirió, informó Búsqueda. Para la Organización Internacional del Trabajo, los paros no pueden atentar contra el derecho a trabajar.

Además, la OIT, pide a Uruguay que prepare una ley afín a los convenios internacional en materia de negociación colectiva. En ambos casos, la comisión espera firmemente que el gobierno pueda informar a la brevedad de los avances al respecto y pide que para la elaboración de los proyectos sean convocados sus interlocutores, como el PIT-CNT y las Cámaras Empresariales.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo a Búsqueda que Uruguay “ha hecho todo lo que había que hacer” y que sería lamentable que el país termine en la lista de casos de incumplimiento que analiza la OIT.

Por su parte, el Fondo Monetario publicó un informe donde señala que la negociación colectiva tuvo efectos positivos en los indicadores de empleo y desempleo en los últimos años. El organismo dijo que la proporción de trabajadores cubiertos por la negociación colectiva en el sector privado pasó de 28% en 2000 a 97% cinco años después.

El documento de la comisión de expertos de la OIT, al que accedió Telemundo, también destaca los avances que hizo Uruguay en materia de trabajo doméstico. De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno se registraron infracciones al salario y la vulnerabilidad laboral principalmente de trabajadores extranjeras, de Perú, República Dominicana, Paraguay, Bolivia y Brasil.

La comisión, además, solicita información a Uruguay sobre avances en los contratos de los trabajadores en la administración pública, y en otro orden, sobre la prohibición en el uso del asbesto, un mineral nocivo para la salud que puede provocar cáncer.


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